El inicio del desacuerdo
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se convirtió este viernes en la primera universidad en rechazar una propuesta del Gobierno de Donald Trump que buscaba vincular el acceso a fondos federales con la adopción de una agenda educativa conservadora.
La administración republicana había ofrecido facilidades económicas a nueve universidades importantes del país si aceptaban un documento llamado compact, el cual incluía restricciones sobre derechos de personas trans, límites a la admisión de estudiantes internacionales y nuevas reglas sobre libertad académica.
En una carta enviada al Departamento de Educación, la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, explicó que la institución no podía aceptar condiciones que limitaran la libertad de expresión o la independencia académica. Según ella, “el liderazgo estadounidense en ciencia e innovación depende del pensamiento independiente y la competencia abierta por la excelencia”.
Las condiciones del “compact”
El documento propuesto por la Casa Blanca establecía medidas obligatorias para las universidades que desearan recibir los fondos. Entre ellas, se incluía prohibir el uso de ciertos baños por parte de personas trans, restringir su participación en ligas deportivas universitarias y reducir el número de estudiantes extranjeros aceptados.
Además, el texto señalaba que las instituciones firmantes deberían impartir clases obligatorias de civismo y costumbres estadounidenses a los alumnos internacionales y filtrar a quienes mostraran “hostilidad hacia Estados Unidos o sus valores”. Esta frase se interpretó como una referencia a estudiantes que participan en protestas propalestinas.
A cambio, las universidades obtendrían acceso prioritario a subvenciones de investigación, así como invitaciones a eventos oficiales con funcionarios del Gobierno.
Defensa de la libertad académica
En su carta, Kornbluth afirmó que el MIT ya cumple o supera varios de los puntos mencionados, pero enfatizó que el financiamiento científico “debe otorgarse por mérito y no por ideología”. La presidenta también insistió en que la comunidad académica debe defender la libertad de expresión, incluso cuando las opiniones resulten incómodas.
“Hay que escuchar hechos y opiniones aunque no nos gusten personalmente, y dialogar con respeto con quienes piensan distinto”, escribió Kornbluth.
Hasta el momento, las otras ocho universidades que recibieron la propuesta —entre ellas Vanderbilt, Pennsylvania, Dartmouth, Texas, Brown, Arizona, Virginia y el Sur de California— siguen evaluando su postura. Sin embargo, fuentes de Texas adelantaron que su respuesta podría alinearse con la posición del Gobierno federal, lo que anticipa un debate nacional sobre el papel de la autonomía universitaria frente a las presiones políticas.
