Orden judicial detiene envío de tropas federales
Una jueza federal en Chicago suspendió de manera temporal el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, medida impulsada por la Administración Trump como parte de las redadas migratorias en la región. La decisión ocurrió tras la llegada de 200 soldados provenientes de Texas, enviados dos días antes al área metropolitana.
La magistrada April M. Perry consideró que no existen “pruebas creíbles” de una posible rebelión que justifique la movilización militar. Por ello, anunció la emisión de una orden de restricción temporal que impide el despliegue de tropas mientras se revisa la legalidad de la medida.
El Departamento de Justicia (DOJ) argumentó que el envío tenía como fin proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la operación denominada Midway Blitz, enfocada en detenciones masivas de personas con órdenes migratorias pendientes. Sin embargo, la jueza señaló que el gobierno no presentó fundamentos sólidos para demostrar que la seguridad pública estuviera en riesgo.
Seis horas de audiencia en tribunal federal
La audiencia, que duró cerca de seis horas con un receso de dos, reunió a representantes de la Fiscalía, del Gobierno federal y a organizaciones civiles que solicitaron la suspensión del operativo. Los abogados demandantes aseguraron que el uso de la Guardia Nacional en operaciones migratorias vulnera la autonomía estatal y puede derivar en violaciones a derechos humanos.
Durante la sesión, el equipo legal del gobierno defendió la intervención militar bajo el argumento de que existía una “amenaza inminente” contra agentes federales. No obstante, los jueces presentes coincidieron en que las evidencias presentadas resultaban insuficientes para justificar una movilización de esa magnitud.
Al finalizar la audiencia, la jueza Perry indicó que su resolución busca “preservar el equilibrio constitucional entre el gobierno federal y los estados”, mientras continúa el análisis del caso en los próximos días.
Expectativa ante próximos pasos del Gobierno
El fallo generó expectación entre autoridades locales y defensores de migrantes, quienes calificaron la decisión como “un respiro temporal” para las comunidades afectadas por las redadas. Por su parte, funcionarios del Departamento de Justicia adelantaron que evaluarán apelar la orden ante una instancia superior.
Mientras tanto, las operaciones del ICE permanecen bajo supervisión judicial, y los movimientos de la Guardia Nacional seguirán restringidos hasta nueva resolución. La Casa Blanca no ha emitido declaraciones oficiales sobre el fallo, aunque fuentes cercanas al gobierno aseguraron que el tema continúa en revisión interna.
Con esta decisión, la jueza Perry marcó un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder federal en materia de seguridad y migración, un tema que continúa dividiendo a autoridades y ciudadanía en todo el país.
