Juez en Boston detiene deportación por protestas propalestina
Fallo en Boston protege libertad de expresión
El juez de distrito William Young, en Boston, resolvió que el gobierno de Donald Trump vulneró la Constitución al intentar deportar a no ciudadanos por criticar a Israel o apoyar a Palestina. El magistrado concluyó que esa política, denominada por las organizaciones demandantes como “deportación ideológica”, violaba la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Young afirmó que los estudiantes y académicos con estancia legal en Estados Unidos gozan de los mismos derechos de libertad de expresión que los ciudadanos. El juez, designado en su momento por Ronald Reagan, calificó la medida como “arbitraria y caprichosa” porque revertía prácticas anteriores sin explicación razonada.
El caso surgió tras demandas de asociaciones universitarias que señalaron una campaña oficial contra jóvenes que cuestionaron la política israelí. El fallo, de más de 160 páginas, criticó además a los secretarios de Seguridad Nacional y de Estado, acusándolos de usar sus cargos para intimidar a los manifestantes.
Asociaciones celebran la resolución
El presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Todd Wolfson, consideró el fallo como un freno a un intento de silenciar voces críticas. Sostuvo que la estrategia de la administración Trump buscaba intimidar no solo a quienes respaldan a Palestina, sino a cualquiera que expresara opiniones contrarias a sus posturas.
Durante el juicio, abogados del Instituto Knight de la Primera Enmienda recordaron que desde la era de McCarthy no se había registrado un intento tan amplio de limitar el discurso político de inmigrantes. La abogada Ramya Krishnan advirtió que esta política creó un ambiente de miedo en los campus universitarios y atentó contra la Constitución.
Los testimonios incluyeron el de Khalil, graduado de la Universidad de Columbia, detenido más de 100 días por su activismo, y el de Rumeysa Ozturk, estudiante de Tufts, arrestada tras publicar un artículo crítico sobre Gaza. Ambos fueron liberados, pero se convirtieron en símbolos de lo que denunciaron como una represión ideológica.
Gobierno defiende acciones migratorias
Los representantes legales de la administración Trump negaron la existencia de una política para castigar opiniones políticas. La abogada Victoria Santora argumentó que los casos respondieron únicamente a la ley migratoria vigente. Por su parte, el funcionario John Armstrong declaró que la revocación de visas se basó en regulaciones de larga data y no en ideologías.
Sin embargo, documentos presentados en el tribunal mostraron que la campaña alcanzó a más de 5,000 personas identificadas como manifestantes propalestinos, aunque solo 200 quedaron bajo investigación formal.
En su resolución, el juez Young advirtió que los intentos de suprimir la libre expresión continúan generando un efecto de autocensura en comunidades académicas. También acusó al presidente Trump de avalar acciones que calificó de “escandalosas e inconstitucionales”.
Con este fallo, la justicia estadounidense refuerza el principio de que la libertad de expresión protege a todos, sin importar su nacionalidad.
