Exministro defiende reforma al amparo judicial
¿Qué propone el Gobierno con esta reforma?
El exministro Arturo Zaldívar reapareció en la conferencia presidencial del viernes para respaldar la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Acompañado de Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, Zaldívar explicó que los cambios buscan agilizar los procesos judiciales y limitar el uso abusivo del amparo por parte de deudores fiscales.
El Gobierno asegura que la reforma no debilita los derechos ciudadanos, sino que impide que quienes enfrentan sentencias firmes usen recursos legales para posponer el cumplimiento de obligaciones, particularmente en casos relacionados con impuestos millonarios. Durante su intervención, Zaldívar sostuvo que “ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo”.
¿Hay destinatarios concretos en la reforma?
Aunque no lo mencionaron directamente, varias señales apuntan al empresario Ricardo Salinas Pliego como uno de los personajes a quienes podría afectar esta reforma. El magnate mantiene una disputa pública con el Gobierno por adeudos fiscales, y se ha acusado que ha utilizado el sistema judicial para retrasar pagos que ya cuentan con resoluciones de la Suprema Corte.
Zaldívar señaló que algunos contribuyentes recurren a múltiples recursos legales para frenar el cobro de impuestos. “Cada paso va alargando el procedimiento. Lo que se propone es que solo el acto final pueda ser impugnado”, explicó. También indicó que, para obtener una suspensión provisional, los contribuyentes deberán presentar una garantía de pago, como un billete de depósito o una carta de crédito.
Por su parte, Godoy destacó que la propuesta busca frenar el uso del amparo como una vía para evadir responsabilidades económicas, sin afectar a los ciudadanos que utilizan este recurso como protección ante abusos de autoridad.
¿Qué impacto político tiene la propuesta?
La reforma ha generado un amplio debate dentro y fuera del Congreso. Aunque Sheinbaum defendió públicamente la propuesta, en Morena surgieron posturas encontradas. El senador Adán Augusto López negó que el proyecto se discuta en parlamento abierto, mientras que su compañero Javier Corral —cercano a la presidenta— aseguró que esa sería la ruta a seguir.
Desde su presentación, el pasado 15 de septiembre, la iniciativa ha provocado una reacción inmediata entre expertos en derecho constitucional, quienes advierten que la modificación al interés legítimo podría cerrar la puerta a demandas colectivas y limitar la participación ciudadana en la defensa de derechos.
La reforma aún debe superar el proceso legislativo, pero ya abrió frentes políticos, jurídicos y mediáticos que podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.
