Tribunal autoriza a ICE detenciones raciales en California
Fallo dividido en Washington D.C.
La Corte Suprema de Estados Unidos avaló que agentes federales detengan a personas sin necesidad de sospecha razonable, considerando factores como la raza, la etnia o el idioma que hablen. La resolución, aprobada por seis jueces conservadores frente a tres liberales, surgió tras una petición del gobierno de Donald Trump. Con ello, quedó suspendida la orden de una jueza federal en Los Ángeles que había bloqueado estas prácticas por violar la Cuarta Enmienda.
Según el Departamento de Justicia, la medida ofrece un margen de acción más amplio en áreas donde, estiman, uno de cada diez habitantes carece de estatus legal. Sin embargo, defensores de derechos humanos consideran que la decisión abre paso a un perfilamiento racial que pone en riesgo derechos fundamentales.
Opiniones encontradas en la Suprema Corte
La jueza Sonia Sotomayor expresó su rechazo y advirtió que la resolución convierte a trabajadores latinos de bajos ingresos, ciudadanos o no, en blancos de detenciones arbitrarias. A su juicio, el fallo amenaza libertades garantizadas en la Constitución.
En contraste, el juez conservador Brett Kavanaugh señaló que la etnicidad aparente no puede constituir por sí sola una causa razonable de detención, aunque sí podría usarse como un “factor relevante” junto con otros elementos.
El gobierno federal prevé que la medida facilite las deportaciones, con una meta de hasta 3.000 arrestos diarios. No obstante, la decisión ya provoca inquietud en comunidades inmigrantes, donde recientes redadas han generado pánico, protestas y demandas contra agentes acusados de uso excesivo de la fuerza.
California como epicentro de protestas
En el sur de California, las redadas iniciadas el 6 de junio desataron manifestaciones masivas. En Los Ángeles, la tensión llevó al gobierno federal a desplegar tropas de la Guardia Nacional y marines estadounidenses, un hecho poco común dentro del territorio nacional.
El gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios locales cuestionaron la legalidad de este despliegue, argumentando que las acciones eran innecesarias y solo profundizaban la confrontación. Mientras tanto, organizaciones civiles insisten en que la decisión de la Corte representa un retroceso en derechos constitucionales y podría intensificar la desconfianza hacia las autoridades federales.
Con este fallo, el país enfrenta un escenario de mayor polarización. Por un lado, el gobierno impulsa una estrategia más estricta contra la migración irregular. Por otro, miles de residentes expresan su preocupación por el impacto de estas medidas en la convivencia social y en las libertades individuales.
