Empresas evaden inspecciones en lucha contra huachicol
Operativos revelan nuevas estrategias para evitar supervisión
El combate al robo de combustible en México atraviesa una fase distinta. La estrategia federal actual contra el huachicol físico y fiscal ha intensificado las inspecciones y operativos en estaciones de servicio. Sin embargo, estas acciones han expuesto una tendencia preocupante: algunas empresas estarían buscando formas de eludir la supervisión oficial.
Durante una reciente jornada nacional de inspecciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informaron que al menos dos gasolineras rechazaron ser verificadas. Esta negativa derivó en cinco clausuras y en la inmovilización de 36 instrumentos de medición.
Mecanismos para evitar sanciones
Aunque no todos estos actos constituyen delitos, reflejan el uso creciente de estrategias preventivas o ambiguas para evitar sanciones. Entre los métodos detectados se encuentran el cierre anticipado de estaciones antes de operativos y la posible intervención de actores políticos que intentan frenar la acción regulatoria.
Un caso llamativo es el de la empresa Black Gold, que suspendió operaciones en varias estaciones justo antes de las inspecciones más recientes. A pesar de que no existe un señalamiento formal de las autoridades, la coincidencia temporal alimenta el debate sobre un patrón de comportamiento que podría repetirse en otros puntos del país.
Un combate más amplio y complejo
La lucha contra el huachicol ha evolucionado más allá de la persecución de tomas clandestinas. Hoy, el gobierno federal despliega auditorías fiscales, revisiones de permisos, seguimiento de la trazabilidad de combustibles y supervisiones directas.
En los últimos ocho meses, se han decomisado más de 39 millones de litros de combustible irregular y se han desarticulado redes criminales en distintos estados. Estos resultados muestran un enfoque más integral que busca cortar las rutas de operación del mercado ilegal de combustibles.
Llamado a la corresponsabilidad del sector privado
En este escenario, las empresas del sector energético tienen el deber de colaborar de forma activa con las autoridades. Evitar inspecciones o retrasar procedimientos, aunque no sea ilegal, afecta la credibilidad de la industria y debilita los esfuerzos institucionales.
Prácticas como el cierre anticipado, el ocultamiento de instrumentos o el uso de influencias para frenar sanciones no deben convertirse en parte habitual del negocio. La discusión pública sobre cómo reforzar la corresponsabilidad empresarial en la lucha contra el huachicol es clave para mantener la transparencia y proteger la legalidad en el sector.
