Derecho al descanso laboral: qué sí y qué no exige la Ley Silla
Entra en vigor la Ley Silla: ¿y ahora qué?
Desde el pasado 17 de junio de 2025, en México comenzó a regir la llamada Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que establece el derecho al descanso durante la jornada laboral. La norma prohíbe que los empleados permanezcan de pie durante toda su jornada y obliga a los empleadores a proveer asientos con respaldo para pausas periódicas.
Aunque el objetivo de la reforma es claro —mejorar las condiciones laborales y prevenir riesgos ergonómicos—, la falta de reglas específicas ha generado incertidumbre entre empleadores, trabajadores y especialistas en derecho laboral.
Falta claridad: ¿cuánto tiempo debe durar el descanso?
Uno de los principales vacíos de la Ley Silla es que no define con exactitud la duración de los descansos, ni el número de pausas que debe haber durante el día. Esta ambigüedad complica la implementación de la medida.
“Heberardo González Garza”, presidente de Coparmex Reynosa, señala que el texto actual no puede interpretarse bajo criterios tradicionales:
“No menciona tiempo para el descanso, y eso ha generado un cóctel de incertidumbre.”
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene como fecha límite el 17 de julio de 2025 para emitir los lineamientos técnicos que aclaren estos puntos. Mientras tanto, muchas empresas esperan sin saber cómo actuar, lo que podría retrasar el cumplimiento efectivo de la reforma.
¿Qué implica para las empresas?
Marité Villanueva, abogada laboral y asesora en Recursos Humanos, indica que las dudas van más allá del tiempo de descanso. También existen interrogantes sobre el tipo de sillas que deben adquirirse, si deben estar fijas o móviles, y cómo organizar los turnos sin afectar la operación interna.
“Diseñar los descansos no es tan simple como parece. Algunas industrias requieren reorganización de procesos y espacios”, explica.
Por otro lado, la ley ya obliga a que existan sillas disponibles en los centros laborales, aunque el detalle operativo pueda definirse más adelante. La diputada Patricia Mercado, autora de la iniciativa, aclaró que el derecho ya es exigible, aunque las sanciones solo aplicarán después del 14 de diciembre, cuando venza el plazo de 180 días para adecuar la normativa interna.
¿Qué deben hacer las empresas ahora?
Para evitar sanciones futuras, especialistas recomiendan que las organizaciones actualicen sus reglamentos internos de trabajo. Pero más allá de cumplir por obligación, el enfoque debe ser más profundo.
“Debemos construir reglamentos alineados con los derechos humanos. No se trata solo de cumplir una reforma, sino de consolidar una cultura laboral digna y sostenible”, afirma González Garza.
