Esta semana miles de inmigrantes salieron a las calles para solicitar al gobierno de Joe Biden y al Congreso de los Estados Unidos, trabajar en conjunto para la promulgación de la tan esperada reforma migratoria con la que se podrían beneficiar a 11 millones de hispanos viviendo de manera indocumentada en ese país. Dichas movilizaciones se llevaron a cabo en al menos 24 de las principales ciudades con mayor concentración de migrantes, en el que exigieron a las autoridades cumplir lo que en un momento dado fue una de las principales promesas de campaña del demócrata.
Cabe destacar que, dicha convocatoria multitudinaria se orquestó gracias a los esfuerzos de personajes de la sociedad civil organizada, en particular la de jóvenes como Carlos Eduardo Espina cuya labor con migrantes en Texas permeó al resto del país a través del uso de redes sociales como TikTok, lo que está permitiendo sensibilizar a las nuevas generaciones, las cuales ya son ciudadanas estadounidenses, sobre los esfuerzos de millones de inmigrantes, así como el impacto sistémico positivo que su presencia tiene en los rubros económico, social, político, entre otros.
Dicho movimiento ocurre en una coyuntura importante si consideramos que en noviembre estarán en contienda 34 de los 100 escaños en la Cámara de Senadores y las posibilidades para conseguir resultados de alto impacto se reducen. Vale la pena recordar que en diciembre del año pasado la intención demócrata de incluir medidas migratorias mínimas, como la protección temporal en contra de deportaciones, que habría beneficiado al menos a 6 millones de inmigrantes con más de 10 años en el país, se vio frustrada por la encargada de interpretar las leyes del Senado al tratar de incluirse en el Plan de Gasto Social del presidente Biden.
Esto significó un duro golpe para las aspiraciones demócratas que tienen promesas de antaño con la comunidad hispana migrante, donde no solamente no existe una ruta para la regularización definitiva de millones de personas, sino que incluso consideraciones presupuestales para alivios temporales no fueron tomadas en cuenta como esenciales, a pesar de la justificación demócrata del impacto positivo que su presencia representa para los Estados Unidos.
Hoy está en duda la credibilidad del partido demócrata y su capacidad legislativa frente a la comunidad latina que, si bien no tiene mucho campo de acción, sigue en pie de lucha para la reivindicación de sus comunidades al interior de los Estados Unidos, ejemplo de ello las movilizaciones del pasado 14 de febrero que buscaron reproducir un alto simbólico a las actividades a través del llamado #UnDíaSinInmigrantes.
Por si fuera poco, el engranaje legislativo está detenido no sólo en lo que respecta a una posible reforma migratoria, sino que procesos de regularización de estatus migratorios como el otorgamiento de residencias y remedios temporales como los trámites de visas tipo U y permisos anticipados de trabajo, se han visto rebasados en parte por las limitaciones administrativas y presupuestales que la pandemia ejerce sobre las cortes migratorias. Lo anterior, sin contar el programa DACA, el cual fue suspendido para nuevos solicitantes por un juez federal el año pasado y la crisis humanitaria que se vive en las fronteras mexicanas.
Celebro verdaderamente este tipo de acciones desde la sociedad civil organizada, quienes tienen muy claro el impacto sustancial que la comunidad inmigrante tiene no sólo dentro de los Estados Unidos, sino en sus lugares de origen.
