Con el dinero que hoy tiene el INE, no se puede organizar la Revocación de Mandato: Lorenzo Córdova Vianello

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por mayoría -seis votos a favor y cinco en contra- como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022.

“Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”, estableció el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Aseveró que independientemente de ello, el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyo que están llegando, ya sea vía la aplicación (APP) o en formatos físicos.

“Esta revisión nos dará certeza sobre la convocatoria que deberá emitir el INE y el inicio formal del proceso de Revocación de Mandato, y será entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en condiciones de resolver el fondo de esta controversia” puntualizó Córdova.

El Presidente del INE también explicó que hay salidas viables para la realización del ejercicio: la Cámara de Diputados podría, porque esa es una facultad que se desprende del artículo 74 constitucional, de manera permanente, modificar o ajustar el Presupuesto de Egresos o el Presidente de la República, con una instrucción presidencial, podría instruir a la Secretaría de Hacienda que genere al INE las ministraciones necesarias.

“Si realmente se quiere la Revocación de Mandato se los digo con mucha franqueza: salidas hay, el acuerdo que el INE plantea aprobar es un acuerdo que deja abiertas las probabilidades y que pone sobre la mesa posibilidades para que, si realmente hay voluntad de que la Revocación de Mandato sea una realidad, ésta se lleve a cabo”.

En adición Lorenzo Córdova enfatizó que la semana pasada el Consejo General, haciendo los máximos esfuerzos de ajuste y estableciendo metas de ahorro.

“Se logró concretar una bolsa de apenas mil 503 millones de pesos, que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se prevén en la ley federal en la materia, y que implica un costo de 3 mil 830 millones de pesos, con los que el INE simplemente no cuenta, dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa”.

Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar y un ejercicio como la Revocación de Mandato en los términos establecidos por el legislador en la ley en la materia.

“Si se juntan el 3% y la ciudadanía quiere este ejercicio, si eso es así, el INE también quiere realizar la Revocación de Mandato, pero quiere hacerlo conforme a la ley y para eso las condiciones en las que se nos han colocado, nos colocan en una imposibilidad”.

“Votaré a favor del proyecto porque nadie está obligado a lo imposible, porque es necesario salir de la trampa presupuestal con un pronunciamiento jurisdiccional”, estableció el Consejero Ciro Murayama Rendón.

Precisó que con la controversia constitucional se busca defender la autonomía del INE y generar un precedente “para evitar que decisiones presupuestales hagan nugatorio el texto constitucional, sea contra facultades y atribuciones de órganos autónomos, de universidades públicas o de poderes que no se someten a las pretensiones autoritarias. Esperemos que, ante el diferendo, los jueces constitucionales, ya sea la Suprema Corte o en el Tribunal Electoral, indiquen cómo salimos de esta inédita y lamentable situación”.

Murayama lamentó que la Cámara de Diputados no acudiera al INE para evaluar la solicitud presupuestal, ya que un ejercicio de Revocación de Mandato, en términos constitucionales y legales implica sortear y visitar al 13% del Padrón Electoral, llamar a la puerta del domicilio de 12 millones de ciudadanos para lograr instalar 161 mil casillas; la capacitación electoral que implica contratar a 32,400 capacitadores y a 5,400 supervisores.

 

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