El día de ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que se logró satisfactoriamente realizar la conclusión de la participación de México en la 48 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

Durante más de cuatro semanas, el principal órgano de derechos humanos de la ONU sesionó para dialogar y tomar decisiones sobre cuestiones fundamentales de derechos humanos, tales como las consecuencias del matrimonio infantil, precoz y forzado; el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; y la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos.

Durante esta sesión, el Consejo de Derechos Humanos adoptó 16 proyectos de resolución sobre cuestiones temáticas como el derecho al medio ambiente sano y sostenible; participación en condiciones de igualdad en la vida pública y política; medidas contra el racismo y la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; los derechos humanos de las personas de edad, y la relatoría sobre cambio climático y derechos humanos. El Consejo también adoptó nueve resoluciones sobre la situación de derechos humanos y la asistencia técnica en países específicos, que incluyen Afganistán, Libia, Siria y Camboya.

Dentro de estas resoluciones destaca la que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, la cual fue copatrocinada por 30 países incluyendo México, la cual marca un hito en temas derechos humanos y medio ambiente. Asimismo, resalta la resolución que crea una relatoría sobre derechos humanos y cambio climático, la cual presentará informes al Consejo sobre los efectos de este fenómeno en el disfrute de los derechos humanos, y que también fue apoyada por México.

Así mismo, se informó que la delegación mexicana promovió tres resoluciones. En primer término, en coordinación con Guatemala, impulsó un proyecto de resolución sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas, el cual fue adoptado por consenso y copatrocinado por 38 países de todas las regiones. Con ese proyecto se logró continuar el diálogo sobre la participación de los pueblos indígenas en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos.

Además, de proponer junto con un grupo de países la resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, la cual fue adoptada por consenso. Esta resolución se centró en la identificación de los principales riesgos de la inteligencia artificial sobre el derecho humano a la privacidad y otros derechos conexos, incluido el derecho a la no discriminación, y hace un llamado a los Estados y a las empresas a considerar las obligaciones en materia de derechos humanos en el ciclo de vida de nuevas tecnologías.

Respecto al proyecto de resolución sobre la cuestión de la pena de muerte, se trata de una iniciativa bienal, cuyo objetivo es fomentar una discusión sustancial sobre el tema, desde una perspectiva de derechos humanos, a fin de fortalecer su protección. Este año la resolución se centra en el impacto de la transparencia en los procesos judiciales que conllevan a la imposición y aplicación de la pena de muerte en el disfrute de los derechos humanos, tema del último informe del secretario general de las Naciones Unidas.

De manera adicional, México participó en los diálogos interactivos con el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, así como en debates relacionados con el nivel de representación de la mujer en los órganos y mecanismos de derechos humanos.

Finalmente, se indicó que nuestra nación en conjunto con Argentina realizaron una declaración conjunta sobre la importancia del tema de cuidados en la esfera de los derechos humanos, subrayando la importancia de adoptar las medidas legales, institucionales y políticas para eliminar las barreras al desarrollo personal, social y económico de mujeres y niñas, y de discutir los medios para promover la igualdad en la distribución de responsabilidades de cuidado, basándose en el principio de igualdad y no discriminación.