Electroschok

El Presidente de la República continua con el proceso de consolidar la agenda de su gobierno, construyendo un modelo de desarrollo alternativo, distinto completamente al que se había construido con mucho trabajo en los últimos 30 años. La reforma eléctrica que propone podría generar un modelo de organización industrial completamente diferente al actual, en donde el protagonismo del monopolio estatal cambiaría los incentivos que de algún modo lograron la participación de capital privado en un sector estratégico para el desarrollo.

El planteamiento del Presidente es reflejo de una dolencia más de aquello que no supo librar bien el modelo neoliberal; el camino parecía el correcto pero los beneficios han tardado en llegar a los sectores más necesitados de la economía, que nuevamente reclama esa falta de resultados y que exige soluciones, mismas que en estos días están siendo debatidas. Al final, los servicios energéticos y sus productos tienen una etiqueta que no se puede ocultar y está en el precio que pagan los consumidores, más allá de los intereses de disponibilidad de energía del sector productivo.

La reforma presentada necesariamente requiere de la concurrencia de la oposición para lograr su aprobación en la Cámara de diputados, lo que ha abierto un frente en la alianza opositora ante la dubitativa reacción del PRI y el tibio posicionamiento del sector empresarial.

Si bien se trata de una reforma que cierra ventanas en el sector, obliga al Estado mexicano a retomar una responsabilidad que este gobierno considera fundamental. No es una propuesta expropiadora, pero claramente desincentiva la participación privada en el sector y modifica de raíz la organización industrial que se había logrado, en donde la regulación autónoma se convertía en garantía para los participantes.

Esta reforma reconfigura el tamaño de la CFE y habrá que ver cómo se plantean las inversiones impostergables en el futuro para no afectar la competitividad del país, cuál será el rumbo en los años por venir, tomando en cuenta la demanda y la reconfiguración hacia energías limpias que ha emprendido el mundo y de la que México no puede aislarse.

Como en otros casos, los legisladores deberán generar parlamentos abiertos y la sociedad deberá participar, porque los silencios y las indecisiones no son el camino para abordar un hecho estratégico como lo es esta reforma. Como sucedió hace 20 años, el reto estará en abandonar posiciones ideológicas y abrir la conversación con un solo propósito, generar un sector eficiente, limpio y competitivo.

La realidad es innegable, mientras que los precios de la energía eléctrica no se traduzcan en tarifas más bajas con el modelo existente, la alternativa que ha dibujado el gobierno tendrá un aterrizaje políticamente rentable entre la población, por lo que habrá que calibrar intereses y escenarios, abandonar la penumbra del estéril debate anónimo y confrontar las alternativas de manera que al final tengamos escenarios certeros, argumentos claros y evaluaciones relevantes.

La provocadora reforma del gobierno es entonces una inmejorable oportunidad para confrontar resultados y abrir alternativas con el único objetivo de ayudar al desarrollo del país, que debe traducirse en mejores condiciones de precio para los usuarios y en una transición ordenada hacia energías más limpias, de lo contrario, seguiremos discutiendo intereses de grupos y no el bienestar general, y la política pública no se trata de eso.