Manuel Orozco, experto politólogo considera que la Organización de Estados Americanos “podría suspender a Nicaragua antes de la Asamblea General, que va a ocurrir días después de las elecciones nicaragüenses” el 7 de noviembre, por el creciente aislamiento internacional en que se encuentra el régimen de Daniel Ortega, tras liquidar la vía electoral al apresar a siete precandidatos y cancelar la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Asimismo calificó como un “golpe de Estado contra el Estado constitucional” la implementación de las leyes represivas del régimen aprobadas en 2020, “porque lo que hace es eliminar los derechos constitucionales de los nicaragüenses”, y advirtió que a pesar del estado policial “la resistencia cívica no ha desaparecido en Nicaragua”.

Alertó que la crisis política ya está generando una ola migratoria hacia Estados Unidos, que finales de este año sumará 60 000 nicaragüenses. “En julio salieron más nicaragüenses que salvadoreños”, indicó Orozco, y explicó que hay un cambio en la tendencia de emigrar predominantemente hacia Costa Rica: “Anualmente eran 2000 nicaragüenses nada más los que intentaban cruzar la frontera (hacia Estados Unidos), este año son 60 000”.

Orozco considera que en 2022 Nicaragua enfrentará un escenario de mayor recesión económica, crisis política y migración, en el que no descarta “una implosión dentro del círculo de poder”.

Todo se deriva de el nuevo “Estado de Derecho” que se estableció en Nicaragua a partir de septiembre del año pasado, en el que se introducen una serie de leyes que vienen a desarticular todo el orden constitucional del país por un nuevo “Estado de Derecho orteguista”. Entonces, entró prácticamente desde abril y marzo, en una etapa de implementación de esa ley.

Hay más de 30 líderes políticos y cívicos presos, entre ellos están los principales aspirantes a la presidencia de la república, y  líderes de las organizaciones cívicas que participaron en las protestas y en la resistencia contra el régimen.

Ellos son los rehenes del régimen. En este momento los tiene como una muestra de que ellos están ejerciendo su pleno estado de poder político y, simplemente, los van a soltar cuando el régimen determine que ya la amenaza no es de magnitud como para tener presos políticos. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto, de aquí a noviembre.

Ahora que está cerrada la vía electoral, y descabezada la oposición ¿existe alguna oportunidad de que se mantenga o de que se reviva la resistencia cívica?

La resistencia cívica no ha desaparecido en Nicaragua, es muy estratégica, no es categórica en la forma en que se manifiesta en la calle con la protesta social, sino que se va manifestando desde otras formas. Por ejemplo, la gente no está yendo a establecimientos sandinistas o del Estado; la gente no está expresando su opinión abiertamente, pero está haciendo uso del llamado “Güegüense”. Es decir, ellos están bastante claros de que en Nicaragua no hay libertad de expresión y, por lo tanto, ellos están manifestando su resistencia con un silencio bastante evidente.

Ese silencio ha sido cuestionado por la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua que claramente dice: “en Nicaragua han sido anulados los derechos políticos y estas elecciones no serán creíbles”. Sin embargo, el sector privado, los gremios del Cosep y AmCham han guardado silencio, después que habían venido llamando a una elección libre, y promoviendo una campaña cívica. ¿La Iglesia habla por el país en este momento?

La comunidad internacional está aislando a Nicaragua; la condena es prácticamente absoluta, con la excepción de los amigos de Daniel Ortega y Rosario Murillo: Cuba, Venezuela y Rusia, Corea del Norte, y otros paisitos por ahí; pero las democracias reales han venido condenando las violaciones a derechos humanos, los derechos constitucionales, y sancionando.

Vamos a entrar a una segunda etapa de presión internacional que va a consistir en ver cómo ellos hacen notar que en Nicaragua no hay condiciones para las elecciones de noviembre; y esa presión se va a manifestar de diferentes formas para decirle a Nicaragua que ellos no van a reconocer ningún proceso electoral; es posible que, incluso, la OEA suspenda a Nicaragua antes de la Asamblea General, que va a ocurrir días después de las elecciones nicaragüenses. Entonces, la presión es bastante fuerte.

El senador Menéndez dio una nueva declaración en respaldo del proyecto de Ley Renacer, que próximamente será discutido por ambas Cámaras. ¿Esa ley puede tener algún impacto en Nicaragua? Las sanciones individuales que se han aplicado hasta hoy no han debilitado al régimen, y cada vez que se aplica una sanción, la embestida del régimen, la represión es incluso mayor.

Sí, hasta cierto punto, el berrinche de Ortega cuando hay sanciones se transfiere en atacar a la oposición nicaragüense, en acusarlos de ser lacayos del imperialismo. Lo que esta ley hace es concentrar la continuidad de las sanciones con el trabajo multilateral con otros países y organizaciones internacionales, para seguir presionando a Nicaragua, en forma de sanciones para revertir todas estas reformas draconianas.  Entonces, es un paso positivo, vamos a ver qué tan pronto se aprueba.

¿Qué significa la nueva ola migratoria de nicaragüenses que están saliendo del país ya no solamente hacia Costa Rica, sino también hacia Estados Unidos? ¿Cómo se compara en relación con los demás centroamericanos?

Significa que están votando con sus pies. Hasta ahora, la estadística muestra que han salido de Nicaragua hacia Estados Unidos, por lo menos, 32 000 nicaragüenses, en lo que va de enero a julio; si calculamos de enero a hoy, 13 de agosto, estamos hablando casi de 40 000 nicaragüenses, solamente hacia Estados Unidos, y estos son detenidos en la frontera, a eso agrega los que lograron cruzarse por cuenta propia, que pueden ser un 15% de ese número, otros 6000.

La intención para migrar, de los nicaragüenses, en las encuestas se ha venido sosteniendo en los últimos dos años. En 2020 creció al 35% y este año se mantuvo.

Más de 60 000 nicaragüenses van a tratar de irse a Estados Unidos, y otros 40 000 a Costa Rica; un mínimo de 100 000 personas, para un país de seis millones de habitantes, es prácticamente el 2% de la población adulta que está saliendo de Nicaragua.

¿Este flujo de nicaragüenses ahora es igual, menor o mayor que el de los salvadoreños y hondureños que están migrando a Estados Unidos?

En julio salieron más nicaragüenses que salvadoreños. Este año calculamos que va a ser cerca de un millón de centroamericanos los que van a salir, de ese millón viene prácticamente 60 000 nicaragüenses, y estamos hablando de que históricamente la migración ha sido predominantemente de lo que llamamos el Triángulo Norte, anualmente eran dos mil nicaragüenses nada más los que intentaban cruzar la frontera; este año son 60 000.

 ¿Esta es una migración por la crisis política o económica? ¿Esa es gente que no ve salida para su familia en el país?

Es la crisis político-económica. Si tratamos de identificar cuáles son los factores de riesgo, lo que nos muestra es que la gente que está desempleada, trabajando en la economía informal, y con ingresos menores a 9000 córdobas mensuales, tienen una propensión a emigrar mucho mayor que cualquier otro grupo; pero, también aquellos que creen que va a haber fraude, que las violaciones a los derechos humanos continúan en Nicaragua, tienen una propensión a migrar mucho mayor que el resto de la población. Es decir, este es un problema estrictamente político, económico, vinculado a la crisis de 2018.

Este flujo migratorio cambia la visión de la Administración Biden hacia Centroamérica, sobre el Triángulo Norte de Centroamérica como un problema migratorio. Si más nicaragüenses que salvadoreños son los que están migrando a Estados Unidos. ¿Van a seguir hablando del Triángulo Norte?

Yo creo que van a tener que adaptar algunas de las tendencias de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en los otros países de Centroamérica, Estados Unidos mantiene una relación de cooperación económica; con Nicaragua ha habido un estancamiento en la forma cómo Estados Unidos maneja su cooperación económica, en parte por la Ley de Agentes Extranjeros. Entonces hay un proceso, ahora, de repensar esa estrategia, y de alguna manera la estrategia que Biden sacó hace tres semanas se va a adaptar a Nicaragua.

La salida de más nicaragüenses del país implica un fortalecimiento de sus conexiones familiares en Estados Unidos, en Costa Rica, ¿Cómo impacta esto con el flujo de remesas familiares a Nicaragua?

Impacta de una forma bastante fuerte porque este año, en lo que va de enero a junio, las remesas crecieron un 18%, el resto del año, mi proyección es que las remesas van a crecer a un 13% en relación con el año pasado. Es decir, que de 1800 van a llegar 2000 millones de dólares, y eso va a representar más del 17% del PIB.