En abril pasado, el Senado de la República aprobó la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, sin embargo esto abre la puerta a hackeos y violaciones a derechos básicos.
De acuerdo a esta nueva ley, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a solicitar datos biométricos de los propietarios de cada línea. Aún no está claro el alcance de esta medida, que prevé que el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) disponga de 180 días para implementarla.
Sin embargo este padrón abre la puerta a un mal uso de estas bases de datos públicas, que en el pasado han sido vulneradas.
Cabe destacar que en 2010 se descubrió que en Tepito se vendía el padrón electoral de todo el país y el registro de las licencias de conducir, entre otras bases de datos oficiales.
Nathan Levy, director de Cyfense e ICE, empresas especializadas en ciberseguridad, destacó que : “Es muy fácil que esa información caiga en las manos incorrectas. En México no se ha demostrado el buen uso que se le va a dar a esa información. Que además puede ser usada en contra de sus propietarios”.
Los datos biométricos son la herramienta más íntima que hoy tenemos es nuestro teléfono móvil ya que recaba de manera automática información como imágenes, localizaciones, conversaciones.
Para los gobiernos, el celular se convierte en el dispositivo preferido para acceder a información de los ciudadanos. Ya sea con “fines legítimos, como salvaguardar la seguridad de un país”. O ilegítimos, “como la manipulación de la opinión pública y el control de la población”, agregó Levy.
El Padrón, que nació con el objetivo de terminar con las extorsiones telefónicas, sin embargo podrá facilitar a las autoridades acusar a alguien que incluso a lo mejor no fue. Y eso no es atacado por la reforma a la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea este padrón.
