La reforma eléctrica presentada por el presidente de México en la que se prioriza a la Comisión Federal de Electricidad para que se esta, privilegiada en la generación y venta de electricidad, ya está siendo cuestionada a través de la vía del derecho de amparo que protege los Derechos Humanos y el orden constitucional.

Esta reforma rompe con el proceso de liberalizar el mercado de generación de electricidad con el fin de que haya más generadores y así, con la inercia del mercado, los precios de la electricidad bajen. Esto también incluye por supuesto a la generación de electricidad con medios y tecnologías limpias que ayuden a México a disminuir los efectos contaminantes que produce la electricidad generada con combustóleos.

Al momento de escribir estas líneas se han concedido 27 suspensiones provisionales en contra de la reforma pues, los Jueces especializados en materia de competencia económica han evaluado y determinado que la reforma puede violar los derechos humanos, no solo de los quejosos o promoventes del amparo, sino de la población mexicana en general, al conceder la suspensión con efectos generales.

La respuesta del presidente de México ha sido contundente, retadora e incluso amenazadora, cuestionando las decisiones de los jueces que han concedido las suspensiones, evitando que la reforma pueda entrar en vigor.

El presidente de México ha presentado quejas en contra de los jueces señalando de manera explícita que el “poder judicial dejó de ser el castillo de la pureza y se acabó que los jueces fueran intocables”.

El presidente se ha dirigido al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalando que los jueces que concedieron las suspensiones responden a intereses privados que buscan perjudicar a las finanzas públicas.

De lo dicho anteriormente, me parece importante señalar dos puntos relevantes: 1) el poder judicial, como la clase política mexicana no goza de su mejor momento con relación a su reputación y; 2) el presidente de México rechaza, cuestiona e incluso inquiere despóticamente a cualquiera que no esté de acuerdo con él.

El primero no es sorpresa y es un tema que se lleva años trabajando, poniendo candados y priorizando a la meritocracia. No se equivoca el presidente cuando refiere que hay intereses particulares dentro de muchas de las instituciones del gobierno. Sin embargo, en lo que sí se equivoca es cuando pretende imponer a través de la amenaza y cuestionando a los representantes de los poderes públicos, descalificándolos solo por hacer su trabajo. Si el presidente quiere su reforma debió haber modificado la Constitución, debió haber negociado con Estados Unidos y los demás países con los que tenemos acuerdos en la materia, e incluso con los países que tienen inversiones públicas y privadas dentro de México con relación a la generación de electricidad. Pero no, no lo hizo y tiene que asumir las consecuencias.

Lo que realmente me preocupa es que la separación de poderes está desapareciendo en México, por un lado el presidente tiene el control del Congreso, y ahora pretende imponer sus decisiones sobre el poder judicial, y esto no es sano, no es positivo para ninguna democracia del mundo. No es, en palabras de Andrés Manuel ni republicano ni constructivo. Ojalá y que el presidente se de cuenta que, imponiendo, solo conseguirá destruir lo poco e imperfecto de las instituciones en México, de no hacerlo el precio será muy alto.