Nicolás Maduro ordenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, después de que Bruselas anunciara nuevas sanciones contra 11 dirigentes considerados afines al régimen, entre ellos el opositor disidente Luis Parra. “¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¡Ya basta! He decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela”, afirmó el mandatario venezolano en una comparecencia retransmitida por televisión. “La UE sacó una resolución donde sanciona a venezolanos que, formando parte de instituciones del Estado respetan la Constitución, sancionan a la directiva de la Asamblea Nacional, porque se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la UE en Caracas”, mantuvo. Maduro lanzó también una advertencia al embajador de España, Jesús Silva, al agregar que “Venezuela se reserva las acciones diplomáticas” sobre él. El líder chavista lo vinculó a las actividades de Leopoldo López, resguardado en la residencia de la Embajada española desde hace más de un año, y en la supuesta implicación del dirigente opositor en la fallida incursión marítima en dos playas próximas a Caracas el pasado mes de mayo.
El chavismo lleva meses tratando de impulsar una oposición alternativa a la agrupada en torno a Juan Guaidó. Ese intento comenzó a fraguarse a finales del año pasado a través de una mesa de diálogo con un sector minoritario y se concretó en enero de 2020, cuando Parra fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en una sesión sin quórum, en medio de la confusión más absoluta.
Además de Parra la UE impone sanciones a Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, que desde las elecciones de 2015 está dominada por la oposición.
Este tipo de medidas, que consisten básicamente en la prohibición de viajar y en la paralización de activos, afectan hasta hoy a 36 dirigentes venezolanos. Y en esta última resolución —que alude a las acciones judiciales por las que despojó de inmunidad parlamentaria a varios diputados, entre ellos el propio Guaidó, a “graves violaciones de los derechos humanos” y a los golpes asestados a derechos fundamentales como la libertad de expresión— se suman algunas piezas clave del régimen.
