En octubre del año en curso el senado de la República convocó a los interesados e interesadas para “competir” para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano constitucional y autónomo que vigila que el Gobierno de México respete los Derechos Humanos de los mexicanos.
La Comisión creada en los años 90 cumple una función primordial para el ejercicio de la democracia y el valor de los derechos humanos de las naciones más o menos civilizadas que creen en el respeto a la dignidad humana.
La figura de Ombudsperson es una creación de los países más “desarrollados” para proteger justamente los abusos de la autoridad en contra de los ciudadanos.
De ahí que la figura que ocupe el cargo deberá ser al menos intachable en cuanto a su reputación, probidad y moralidad como ciudadana.
Cuando el Senado hizo la convocatoria señaló como requisito: “no haber sido dirigente de un partido político al menos un año antes de la elección”.
Rosario Piedra lo era hasta por lo menos el mes de noviembre del año en curso de acuerdo con documentos del Instituto Nacional Electoral.
Rosario Piedra, mintió. No podía ni siquiera presentarse como candidata desde que salió la convocatoria, pues era en ese momento dirigente oficial de un partido político.
Pero curiosamente era dirigente del partido en el poder y muy cercana justamente al presidente López Obrador. Aunque este último hecho no la inhabilitaba legalmente para contender en las ternas, sí que resulta cuestionable desde el punto de vista de la legitimidad y la congruencia, desde el punto de vista del conflicto de intereses pues la CNDH debe ser un contrapeso del gobierno en turno. ¿Lo será con Rosario Piedra en su Presidencia?
Probablemente no, ya lo hemos visto en hechos históricos y en latitudes lejanas de México. Gobierno de amigos, es gobierno corrompido.
Rosario no cumplía desde el día uno de la convocatoria los requisitos para ser presidenta de la Comisión y por tanto, en un ejercicio de congruencia y respeto a la legalidad no debió presentarse.
Y no es que no se puedan cambiar las reglas del juego, el grupo parlamentario de MORENA pudo bien haber presentado una iniciativa de ley para cambiar los requisitos para la elección del o la presidenta de la Comisión. Parece que el senado respondió a un deseo tardío y oportunista del presidente López Obrador y por eso las cosas salieron mal.
El presidencialismo en México es fuerte desde sus orígenes, por lo que no es nuevo que el presidente intente extender su poder a los otros poderes públicos con el fin de que se haga valer su voluntad, sin embargo, también está probado que estos intentos de extensión y cooptación del poder resultan perjudiciales para la democracia y el equilibrio de los poderes públicos. Autocracia se llama.
Las instituciones, las reglas del juego y el Estado de Derecho son básicas para que una sociedad tenga un buen desempeño. Negar alguno de estos tres conceptos puede ser un intento de negación de la democracia y puede poner en peligro el frágil equilibrio político y social de una nación.
Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez
Abogado internacionalista y catedrático universitario.
Correo: cgonblanc@aim.com
