La popularidad de regalar dinero y el costo de destruir riqueza
Cuando el Estado compra respaldo político, pero debilita la economía productiva
Por: Alejandro Gómez
El pasado jueves 4 de junio, el presidente Donald Trump hizo una reflexión que vale la pena discutir en México: las promesas de “todo gratis” pueden ser extraordinariamente populares al principio, pero tarde o temprano terminan destruyendo la base económica que las sostiene. En sus palabras, el comunismo y sus variantes políticas suelen vender muy bien la idea de casas gratis, comida gratis, renta gratis y apoyos permanentes. El problema es que esa popularidad inicial no crea riqueza; sólo reparte recursos que alguien más tuvo que producir antes.
La advertencia no debe leerse únicamente como una frase de política estadounidense. Tiene una enorme relevancia para México, donde Morena ha construido buena parte de su hegemonía política sobre una lógica similar: transferencias directas, pensiones no contributivas, subsidios, programas sociales masivos y una narrativa moral que presenta al Estado como redentor del pueblo y al empresario como sospechoso permanente.
En 2026, la Secretaría de Bienestar concentra una de las partidas más grandes del Presupuesto de Egresos de la Federación, con una asignación global de 674,510 millones de pesos. Según la propia secretaria Leticia Ramírez, los programas de Bienestar llegan a 18.8 millones de personas y representan una inversión social superior a 663 mil millones de pesos. El dato es políticamente poderoso: millones de hogares reciben dinero directo del gobierno. Pero también es económicamente preocupante porque México está construyendo un modelo donde la legitimidad política depende del reparto de recursos públicos y cada vez menos del crecimiento económico y la generación sostenible de riqueza.
El problema de fondo no es que existan apoyos sociales. Toda sociedad moderna necesita mecanismos de protección para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en situación vulnerable y hogares con menores ingresos. El problema aparece cuando la política social deja de ser una red de protección y se convierte en el centro del modelo económico, desplazando a la inversión productiva, al empleo como fuente de ingresos, a la formalidad, a la innovación y a la actividad empresarial.
Ahí es donde la frase de Trump adquiere relevancia para México: lo “gratis” nunca es gratis. Alguien lo paga. Lo paga el contribuyente, lo paga la empresa formal, lo paga el trabajador productivo, lo paga el inversionista que decide no invertir, lo paga la economía que crece menos y lo pagarán las futuras generaciones con deuda, impuestos y menor bienestar.
La ilusión política del dinero regalado
Morena entendió algo que muchos tecnócratas subestimaron durante décadas: la transferencia directa genera lealtad política inmediata. Para millones de personas, recibir 6,400 pesos bimestrales como Pensión para Adultos Mayores no es una abstracción presupuestal; es dinero real en la tarjeta del Banco del Bienestar. Para muchas familias, ese recurso ayuda a comprar alimentos, medicinas, transporte o pagar gastos cotidianos. Por eso el apoyo social se convierte en respaldo electoral.
La Pensión para Adultos Mayores beneficia a 13.6 millones de personas y concentra más de 526 mil millones de pesos en 2026. Es, por mucho, el corazón del sistema de transferencias. A ello se suman la Pensión Mujeres Bienestar, con 2.7 millones de beneficiarias y casi 57 mil millones de pesos; la pensión para personas con discapacidad, con 1.8 millones de derechohabientes y más de 36 mil millones; Sembrando Vida, con más de 416 mil sembradores y 40 mil millones; y el apoyo a hijos de madres trabajadoras, con más de 217 mil beneficiarias.
En términos políticos, es una maquinaria formidable. En términos económicos, es una señal de extrema preocupación. México está destinando una masa creciente de recursos a gasto corriente social, pero sin resolver los problemas estructurales que realmente permiten elevar el ingreso permanente de la población: productividad, inversión, educación de calidad, infraestructura, seguridad pública, Estado de derecho, energía suficiente, certidumbre regulatoria y empresas capaces de crecer.
El gobierno presenta estos programas como “derechos”. Y ahí está una de las trampas más significativas del modelo. Cuando una transferencia se constitucionaliza, deja de depender de la capacidad financiera real del Estado y se vuelve una obligación política permanente. El mensaje es sencillo como que el pueblo tiene derecho a recibir, aunque la economía no produzca lo suficiente; aunque la recaudación se debilite; aunque la deuda aumente; aunque la inversión caiga; aunque el empleo formal se estanque.
Y aquí aparece otro riesgo que rara vez se discute con suficiente seriedad. México ya enfrenta una creciente presión fiscal derivada de las pensiones contributivas —aquellas asociadas al IMSS, ISSSTE y otros sistemas pensionarios—, que durante los primeros cuatro meses de 2026 representaron cerca de 17.6 de cada 100 pesos del gasto público total, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. En un país que envejece aceleradamente y cuya tasa de fecundidad ya se ubica por debajo del nivel de reemplazo poblacional, el desafío fiscal hacia adelante será todavía mayor. Y precisamente por eso resulta legítimo preguntarse si, además de esas obligaciones crecientes, el país puede seguir expandiendo indefinidamente compromisos permanentes de gasto no contributivo sin fortalecer simultáneamente la capacidad productiva del país, la inversión y la base recaudatoria necesaria para financiarlos.
Eso no es justicia social sostenible. Es populismo fiscal.
El discurso oficial insiste en que estos apoyos “cambian vidas”. En algunos casos, sin duda alivian carencias inmediatas. Pero aliviar una carencia no equivale a resolver la pobreza. La pobreza no se derrota únicamente repartiendo dinero; se derrota construyendo capacidades, empleo formal, empresas productivas, movilidad social y crecimiento económico sostenido. Una pensión no contributiva puede mejorar el consumo de corto plazo, pero no sustituye lo que puede hacer una economía en crecimiento.
El problema es que Morena ha convertido la política social en sustituto de la política económica. En lugar de crear condiciones para que las personas generen más ingresos por su trabajo, por su productividad o por su emprendimiento, el gobierno les transfiere recursos para mantener apoyo político. En lugar de fortalecer al sector privado como motor de empleo, lo hostiga con incertidumbre, regulaciones, discursos de confrontación, controles de precios y una visión ideológica que desconfía de la riqueza privada.
Y aun así, el pueblo apoya el movimiento. Lo apoya porque recibe dinero. Lo apoya porque en muchas comunidades el Estado nunca había llegado de manera tan directa. Lo apoya porque el beneficio es visible, personal e inmediato, mientras que el costo económico es difuso, gradual y menos evidente.
Ahí está la genialidad política y la irresponsabilidad económica del modelo: los beneficios se entregan en efectivo; los costos se esconden en menor crecimiento, menor inversión pública, deterioro fiscal, informalidad persistente y pérdida de dinamismo empresarial.
Morena y la destrucción silenciosa de la riqueza productiva
Trump dijo que la libre empresa es más difícil de vender. Tiene razón. Es mucho más fácil prometer dinero que explicar productividad. Es más rentable electoralmente decir “te voy a dar” que decir “voy a crear condiciones para que puedas producir más”. Es más popular repartir apoyos que defender al empresario que arriesga capital, contrata trabajadores, paga impuestos, innova, exporta y sostiene la recaudación.
Pero la prosperidad no nace del decreto. Nace de la actividad productiva.
Ese es el punto que Morena parece no entender, o no quiere entender. La riqueza que el gobierno reparte no la genera el gobierno. La generan las empresas, los trabajadores, los profesionistas, los productores, los comerciantes, los exportadores, los contribuyentes formales. El Estado sólo redistribuye lo que antes fue creado por alguien más.
Cuando el gobierno se presenta como fuente originaria del bienestar, miente. El dinero de los programas sociales no sale de la generosidad presidencial ni de la sensibilidad moral de un partido. Sale de impuestos, deuda, derechos, ingresos petroleros y recursos públicos que tienen usos alternativos. Cada peso que se destina a transferencias permanentes es un peso que no se invierte en carreteras, agua, seguridad, infraestructura energética, salud pública eficiente, educación de calidad o apoyo real a la productividad.
La izquierda mexicana suele confundir gasto con desarrollo. Cree que porque el gobierno transfiere más dinero, el país se vuelve más justo. Pero una economía puede repartir más y al mismo tiempo producir menos. Puede tener más beneficiarios y menos inversión. Puede tener más apoyos y menos empleos formales. Puede tener más discurso social y menos movilidad social verdadera.
Ese es el desastre económico que hemos estado observando los últimos años: una economía de bajo crecimiento, inversión a la baja, incertidumbre empresarial, deterioro institucional y creciente dependencia del gasto público. El modelo no está construyendo una economía más fuerte; está administrando políticamente la precariedad.
Morena presume que 18.8 millones de personas reciben apoyos. Pero la pregunta de fondo debería ser otra: ¿por qué tantos millones necesitan depender del gobierno para completar su ingreso? ¿Por qué el país no está creando suficientes empleos bien pagados? ¿Por qué no hay una estrategia seria para elevar la productividad? ¿Por qué la política pública se concentra más en repartir dinero que en crear riqueza?
La respuesta, que no admite el gobierno, es porque el modelo político necesita dependencia. Un ciudadano que prospera por su propio esfuerzo, que tiene empleo formal, que emprende, que invierte, que acumula patrimonio y que no depende del subsidio gubernamental es un ciudadano más libre. En cambio, un ciudadano que espera cada bimestre el depósito del gobierno es políticamente más vulnerable.
Eso no significa despreciar a quien recibe un apoyo. Al contrario: muchas personas lo necesitan porque México arrastra décadas de desigualdad, informalidad y abandono. La crítica que hago en esta entrega no es contra los beneficiarios. La crítica es contra un sistema que convierte la necesidad social en capital político y que, en vez de liberar a las personas de la dependencia, las administra dentro de ella.
El socialismo del siglo XXI no siempre llega nacionalizando todas las fábricas. A veces llega por otra vía: debilitando gradualmente al sector privado, multiplicando derechos sin financiamiento sostenible, expandiendo el control del Estado, destruyendo contrapesos, erosionando la confianza empresarial y haciendo que la población dependa cada vez más del presupuesto público.
México no es hoy una economía comunista. Pero sí avanza hacia un modelo estatista, clientelar y antiempresarial que castiga la creación de riqueza y premia la dependencia política. No expropia toda la economía, pero sí genera miedo. No elimina toda propiedad privada, pero sí deteriora la certidumbre. No prohíbe la empresa, pero sí la trata como adversario. No cancela el mercado, pero sí lo somete a la lógica del poder.
Y cuando la libre empresa se debilita, se debilita todo lo demás: la recaudación, el empleo, la inversión, la innovación, el consumo sostenible y la posibilidad de financiar programas sociales en el largo plazo.
Por eso el riesgo no es solamente fiscal. Es civilizatorio en términos económicos. Un país que deja de admirar al que produce y empieza a depender del que reparte termina empobreciéndose moral y materialmente. Cuando el éxito empresarial es materia de sospecha y las transferencias públicas se vuelven derecho intocable, la economía deja de crecer y la sociedad pierde su ambición productiva.
Trump lo dijo de manera muy clara y efectiva: las promesas de todo gratis son populares, pero terminan mal. México debería tomar nota. Porque ningún país puede construir prosperidad duradera si destruye los incentivos para invertir, trabajar, emprender y producir.
Conclusiones
El debate mexicano no debe reducirse a estar a favor o en contra de los programas sociales. Esa es una falsa disyuntiva. Una sociedad decente debe proteger a los más vulnerables. El verdadero debate es si México está construyendo un sistema de protección sostenible o una maquinaria de dependencia política financiada con una economía cada vez más débil.
Los datos son contundentes: más de 663 mil millones de pesos destinados a cinco programas; 18.8 millones de beneficiarios; una Secretaría de Bienestar convertida en una de las dependencias con mayor poder presupuestal del país; y una narrativa oficial que presenta la transferencia como sinónimo de justicia.
Pero la justicia social no puede descansar únicamente en repartir dinero. Requiere crecimiento, inversión, empresas fuertes, empleo formal, seguridad, infraestructura y productividad. Sin eso, los apoyos se vuelven políticamente rentables, pero económicamente frágiles.
Morena ha logrado construir una coalición social amplia porque entrega dinero directamente al pueblo. Esa es su fuerza política. Pero también es su mayor peligro económico: ha sustituido la creación de riqueza por la administración de transferencias. Ha confundido popularidad con prosperidad. Ha convertido el gasto social en identidad política. Y ha tratado a la empresa privada no como aliada del desarrollo, sino como fuente inagotable de recursos y como adversario ideológico.
El resultado es un país que reparte más, pero crece poco. Un país donde millones reciben apoyos, pero la economía productiva pierde dinamismo. Un país donde el gobierno presume derechos, pero no garantiza las condiciones para que esos derechos sean financiables en el futuro.
Trump advirtió que el “todo gratis” suele comenzar con una popularidad impresionante y terminar en deterioro. México todavía está a tiempo de evitar ese destino. Pero para hacerlo necesita recuperar una idea elemental: no hay bienestar sin producción; no hay justicia social sin crecimiento; no hay programas sostenibles sin empresas fuertes; y no hay futuro si el Estado se dedica a repartir lo que antes destruyó.
La verdadera política social no debería consistir en hacer que más personas dependan del gobierno. Debería consistir en lograr que cada vez menos personas necesiten depender de él.
Ese es el gran fracaso del modelo de Morena: no está emancipando al pueblo; lo está subordinando presupuestalmente. Y mientras el dinero siga llegando, muchos seguirán aplaudiendo. Pero cuando la base productiva se desgaste, cuando el margen fiscal se agote y cuando la economía ya no alcance para financiar la promesa, el costo será pagado por todos.
Porque al final, lo gratis siempre le cobra factura a alguien.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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