Caos y dudas en elección judicial en México
Observadores internacionales alertan por improvisación y riesgos institucionales
La elección judicial en México realizada el 1 de junio dejó más interrogantes que certezas. Observadores internacionales, como Jaime Arellano —ex viceministro de Justicia de Chile e integrante de la misión electoral de la OEA—, han denunciado serias irregularidades, improvisación y falta de legitimidad en el proceso. Apenas 9 millones de personas decidieron quiénes integrarán un Poder Judicial que afectará a más de 100 millones de ciudadanos.
Arellano expuso su análisis ante juristas y académicos durante una sesión del programa Aula Judicial en Puerto Rico. Según su testimonio, los comités de evaluación no cumplieron con la revisión de méritos académicos ni con los criterios de profesionalización establecidos en la ley. Asegura que el proceso fue dominado por decisiones políticas opacas y que se aplicaron criterios arbitrarios para la selección de candidatos.
Por ejemplo, algunos aspirantes que no reunían los requisitos mínimos fueron incluidos en las listas. Además, integrantes de la Suprema Corte saliente, que ni siquiera se postularon formalmente, fueron añadidos a última hora por decisión unilateral del presidente del Senado, sin sustento legal claro. Estas acciones generaron preocupación entre observadores por su falta de transparencia.
La magnitud del proceso también afectó su organización. Con más de 800 cargos judiciales en juego, incluyendo la totalidad de la Suprema Corte y la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, los mecanismos de selección colapsaron. Como resultado, se recurrió a una insaculación —es decir, sorteo— para decidir qué candidatos aparecerían en las boletas.
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Esta medida contradijo el discurso oficial de que se trataba de un proceso meritocrático. “Si hay una tómbola, no hay transparencia”, afirmó Arellano.
A esto se suma el uso masivo de “acordeones” partidistas: listas predefinidas de candidatos distribuidas ilegalmente para guiar el voto. Según Arellano, el 85% de los ganadores a nivel estatal y el 80% a nivel federal coincidieron con estas listas. A pesar de la prohibición, muchos votantes las consultaron abiertamente en las casillas.
La participación fue muy baja. De los 100 millones de ciudadanos con derecho a voto, solo 13 millones acudieron a las urnas. Dos millones de votos resultaron nulos y otros dos en blanco, por lo que únicamente 9 millones de votos válidos decidieron el futuro del sistema judicial.
Uno de los aspectos más preocupantes es el poder que tendrá el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que puede sancionar o incluso destituir a jueces que dicten sentencias consideradas contrarias al “interés público”. Para Arellano, esto abre la puerta a mecanismos autoritarios. “Lo que no logré en la elección, lo puedo lograr con amenazas de sanción”, advirtió.
Finalmente, alertó a otros países de América Latina sobre los peligros de replicar este modelo. A su juicio, disfrazar de democratización una elección sin controles reales puede destruir la autonomía judicial. “La lección de México es que un diseño improvisado puede debilitar los contrapesos institucionales”, concluyó.
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