- El Poder Judicial asume una deuda histórica y se compromete a transformar estructuralmente la forma en que imparte justicia.
- “Hoy damos paso a una justicia intercultural construida desde la escucha activa y con sentido humano”: Fernando Díaz Juárez.
“El acceso a la justicia no puede ser más un privilegio. Es un derecho que debe garantizarse con imparcialidad, sensibilidad y perspectiva”, expresó el titular del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, en la firma del Acta Constitutiva del Observatorio de Justicia para Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes, el primero de su tipo en el mundo, en el que participan representantes de esas comunidades, así como autoridades estatales.
Este nuevo órgano representa el cumplimiento de una promesa institucional y responde a una deuda histórica ante más de 400 mil personas que han sido sistemáticamente invisibilizadas; y está alineado con el compromiso número cuatro de la Declaratoria de Justicia Abierta -firmada en febrero pasado-, así como a las directrices del Plan de Desarrollo del Poder Judicial, explicó el Magistrado Presidente.
En el Salón de Plenos Alterno, acompañado por la Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo estatal, Hilda Salazar Gil, y Leticia Mejía García, Presidenta de la Comisión legislativa de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura estatal, el Presidente Díaz Juárez afirmó: “Hoy damos paso a una justicia intercultural construida desde la escucha activa y con sentido humano. Su voz, cosmovisión y formas de organización no son excepciones dentro del sistema, son fundamento de nuestro espacio democrático”.
El Magistrado Presidente subrayó que no se trata de gestos simbólicos, sino de acciones con profundidad estructural que buscan reconfigurar el concepto mismo de justicia en una entidad caracterizada por su pluralidad cultural. Explicó que entre las líneas de acción del Observatorio destacan la difusión de información en lenguas originarias, la traducción de contenidos jurídicos y educativos, la incorporación de intérpretes en audiencias, y la creación de mesas de trabajo con liderazgos comunitarios y especialistas culturales.
En el evento, al que asistieron Ruth Salinas Reyes, Presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos de la LXII Legislatura estatal; María del Consuelo Rodríguez Rocha, activista afrodescendiente y el Magistrado Arturo Márquez González, Presidente de la Sala de Asuntos Indígenas SAI; Peter Sharp Vargas, fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta y miembro de la Red Internacional, calificó este hecho como histórico, al posicionar al Poder Judicial mexiquense como el primero en constituir un Observatorio de esta naturaleza en el mundo. En su intervención vía remota, Reconoció este paso como una acción jurídica, cultural y política que coloca a los grupos históricamente vulnerados en el centro de la administración de justicia.
En la exposición de motivos, el Consejero Mario Eduardo Navarro Cabral enfatizó que el objetivo es construir rutas de reconciliación intercultural que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de dichos grupos desde la dignidad, autodeterminación y participación. Detalló que el Observatorio contará con sesiones plenarias tres veces al año, comisiones de trabajo, y encuentros extraordinarios cuando sea necesario. Podrá invitar con voz, pero sin voto, a especialistas, traductores, académicos, defensores de derechos humanos y representantes comunitarios, siempre en apego a los principios de inclusión, paridad, pertinencia cultural y colaboración entre instituciones.
Agregó que la creación del Observatorio responde a demandas expresadas por las propias comunidades en procesos de diálogo impulsados por la SAI. En ese sentido, destacó que este mecanismo busca incidir de forma real en el sistema judicial. Se alinea, además, con compromisos internacionales del Estado mexicano y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial aquellos relacionados con el acceso efectivo a la justicia y la construcción de instituciones inclusivas.
Durante el evento, se firmó el acta de instalación del Observatorio. Suscribieron el documento el Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez; las y los integrantes del presidium, vocales indígenas de la Junta de Gobierno del CEDIPIEM del municipio de San José del Rincón, Vicenta Sánchez Valdés; de Temoaya, María Magdalena García Bermúdez; del pueblo mazahua, Julián Martínez Rocha, de Temascaltepec, Concepción Peñalosa Reyes y, de Ixtlahuaca, Apolinar Fausto Mendoza.
Además, Pedro Jorge Isaac González, Titular de la Unidad de Transparencia del PJEdomex; Alberto Cervantes Juárez, Director General del Instituto de la Defensoría Pública; Manuel Quiñones Flores, encargado de Despacho de la Vocalía Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM); Irma Sosa Solís, Directora de Desarrollo Regional del Valle de Toluca de la Secretaría del Bienestar; Silvia Álvarez Morales y Nallely Flores Rodríguez, Presidenta y Coordinadora de la Comisión de Asuntos Indígenas, ambas de la Barra de Abogados del Estado de México.
Luz María Lemus Campuzano, Coordinadora General de Igualdad y Derechos Humanos y Ricardo Joya Cepeda, Coordinador General de Acceso a la Justicia, ambos del PJEdomex; Maley Infante Moreno, Presidenta del Centro de Ética Judicial; Elizabeth Acuña Rangel, Presidenta del Colegio de Abogados Humanistas de México en Defensa de los Pueblos Indígenas; Juan Vergara Millán, Presidente del Colegio de Abogados de Valle de México, Filial Naucalpan; Óscar Bazán Alatorre, Integrante del Comité de Participación Ciudadana mexiquense; Luis Eduardo Espinosa López, Presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México.
