México condenado por la Corte IDH
Raúl Contreras Bustamante
El 11 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el resumen oficial de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “García Andrade y otros vs. México”, como parte del cumplimiento del fallo.
En agosto de 2025, México fue sentenciado por su responsabilidad en la desaparición y el feminicidio —acaecido en Ciudad Juárez, Chihuahua— de Lilia Alejandra García Andrade, quien al momento de ocurrir los hechos, tenía 17 años y era madre de dos niños pequeños.
El 14 de febrero de 2001, la joven salió a trabajar, pero nunca regresó a casa. Su madre, Norma Andrade se presentó a reportar su desaparición ante la policía, pero le informaron que debía esperar de 48 a 72 horas para iniciar la investigación. Dos días después, los oficiales tomaron su declaración, pero le indicaron que quizá su hija se había ido porque no la aguantaba o había vuelto con el padre de sus hijos. Asimismo, le indicaron que había más de dos mil personas desparecidas y sólo dos agentes para buscarlas.
La vulneración de derechos por parte de las autoridades comenzó desde ese momento, pues la respuesta de la policía y su inacción desestimaron el peligro y de alguna forma culparon a la familia.
Tres días después, se encontró el cuerpo de Lilia Alejandra en un terreno baldío, con huellas de estrangulamiento manual posterior a un ataque sexual.
Frente a la negligencia de las autoridades, la maestra de profesión y madre de la víctima se volvió investigadora, vocera y defensora de derechos humanos; y junto con otras madres fundó una de las primeras organizaciones de familiares de víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez.
Por su activismo, Norma Andrade comenzó a recibir amenazas. 32 actos de intimidación con el objetivo de callarla fueron documentados. En 2011 fue atacada a balazos afuera de su casa y después fue víctima de un ataque con cuchillo en la entrada de su casa.
Es decir, la búsqueda de justicia para su hija la convirtió en otra víctima. La violencia la obligó a dejar su casa, su trabajo, a huir con sus nietos forzándola a vivir bajo un esquema de seguridad del Estado.
Después de casi un cuarto de siglo, la Corte IDH dejó en claro que el Estado mexicano falló y que violó los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, derechos de la niñez, a la igualdad, a vivir una vida libre de violencia, y a prevenir la tortura.
La sentencia de la Corte reconoce que si bien desde la emisión de la sentencia de otro caso —“González y otras vs México”— en 2009, se han implementado medidas y herramientas para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pero subsisten problemas de aplicación y efectividad de tales medidas, lo que se refleja en las alarmantes tasas de desapariciones y feminicidios, así como índices de impunidad.
Según las cifras ofrecidas en el Informe de Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señalan que de 2015 a marzo de 2026 se han registrado 9,310 víctimas de feminicidio y 28,019 víctimas de homicidio doloso. Es decir, durante ese periodo 37,329 mujeres han sido asesinadas. Lo que equivale a casi 10 mujeres en promedio al día.
La magnitud del fenómeno ya no debe verse bajo ninguna circunstancia como un problema de partidos ni producto del legado de administraciones pasadas; requiere de acciones más certeras, fortalecimiento de las instituciones responsables, una mejor cooperación entre Federación y entidades, pero, sobre todo, de una auténtica voluntad política.
Como Corolario, la frase-consigna de los movimientos sociales: “No se muere, se asesina; no es un loco, es el sistema”.
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