Por: Raúl Contreras Bustamante
Uno de los motivos para justificar la reforma constitucional al Poder Judicial está en el argumento de que la ciudadanía tiene una mala valoración respecto al desempeño de los juzgadores.
El Índice Global de Estado de derecho 2023, elaborado por el World Justice Project (WJP) –que trabaja en la evaluación del Estado de derecho en los países democráticos–, realiza estudios para evaluar los sistemas de gobernanza, con base en el cumplimiento de cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.
Dicho índice realiza su tarea en 142 países del orbe e identificó que en los últimos siete años la puntuación en el indicador de “límites al poder gubernamental” ha descendido en 74% de los países, como resultado de que las legislaturas, poderes judiciales, sociedad civil y medios de comunicación perdieron terreno en el contrapeso a quienes ocupan la titularidad de los Poderes Ejecutivos.
México ocupó el nada honroso lugar 116 de 142 en el indicador, posición detrás de Angola y Madagascar; y en el orden regional, se posicionó en el sitial 27 de 32 países de América Latina, detrás de El Salvador y Guatemala.
El mismo WJP publicó de manera reciente el Índice de Estado de derecho en México 2023–2024, en el que se revisó el grado de adhesión al Estado de derecho por parte de las 32 entidades federativas del país, con base en ocho factores: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal.
Los puntajes se ubican entre 0 y 1, indicando que 1 es la máxima adhesión al Estado derecho, y el promedio resultante de las 32 entidades federativas –en cada uno de los factores– no supera el puntaje de 0.48.
Por otro lado, el Inegi identificó en 2023 las 25 instituciones o actores de la sociedad en las que la población de 18 años y más percibe mucha o algo de confianza. En esta medición, entre los últimos lugares están en efecto los jueces y magistrados (39.4%), seguidos del ministerio público o fiscalía estatal (38.6%), policías (37.1%) y las cámaras de diputados y senadores (34.5%).
Es decir, el reclamo ciudadano en cuanto al insuficiente Estado de derecho va más allá de los juzgadores: es sistémico, porque todas las instituciones y actores que inciden de forma directa en la administración y procuración de justicia son quienes también tienen la menor confianza ciudadana.
La función de un juez no es ser popular o agradable ante los ciudadanos, sino aplicar el derecho e impartir justicia. De por sí, en cada sentencia recibe el rechazo de la parte que no resultó favorecida con el fallo; y además venimos de una tradición donde los jueces estaban a la sombra y por antonomasia debían estar alejados de la política.
Y a eso habrá que agregar a la discusión sobre el tema de la apreciación ciudadana sobre la actuación de los juzgadores se debería primero enfocar en el servicio de impartición de justicia de carácter local, porque, de todos los juicios que se ventilan en tribunales en la República –incluidas todas las especialidades–, el 40% de ellos son de origen familiar y un 30% del orden civil.
Es cierto que existen muchos aspectos que justifican una reforma a fondo del Poder Judicial, que se vislumbra necesaria e inevitable. Pero dicha reforma deberá aspirar a consolidar un gobierno democrático factible y funcional.
Como Corolario, las palabras del exjustice norteamericano Stephen Breyer: “Los ‘vaivenes políticos’ no deben sustentar –ni siquiera pragmáticamente– las decisiones constitucionales de la Corte”.
