Fernando Beltrán Casillas
En días recientes ha cobrado notoriedad el asesinato de Abel Murrieta (candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora) y Alma Barragán (candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato); también el secuestro de Zudikey Rodríguez (candidata a la alcaldía de Valle de Bravo) y Omar Plancarte (candidato a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán); el atentado a Juan Guzmán (candidato a Diputado Local en Guanajuato), entre otros. No obstante, la violencia político-electoral, particularmente aquella asociada a la participación de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) en anticipación a las elecciones del seis de junio, se aprecia con mayor claridad como un fenómeno de carácter sistémico y no como un conjunto de desafortunados acontecimientos. Lo anterior se refuerza si se toma en cuenta que al 05 de mayo de 2021, se han registrado agresiones en contra de 282 candidatos y atentados a 31 aspirantes y candidatos a puestos de elección, haciendo de éste el proceso electoral más violento desde el año 2000 y cuya violencia aumenta conforme se acerca el día de la elección.[1]
La violencia que se ejerce con el objetivo de influir en el resultado de una elección por parte de los GDO, es un fenómeno que ha acompañado el proceso de democratización en México, el cual supone, entre otra cosas, la segmentación del poder político hegemónico, y en consecuencia la reconfiguración de los acuerdos bajo los cuales éste se sostiene. Son conocidos los planteamientos sobre la conformación del poder en el modelo presidencialista y la forma en que éste reguló informalmente la actividad de los GDO (cuya actividad se centraba casi exclusivamente en el tráfico de drogas a los Estados Unidos), su posterior fragmentación hasta llegar a la actual escalada de violencia homicida a nivel nacional a partir de una política de enfrentamiento.[2]
A pesar de que existe un importante consenso sobre lo anterior, muy a menudo pasa desapercibido el hecho de que la propia existencia de la Delincuencia Organizada (DO) descansa sobre su cercanía (y distancia) del poder político y, que dentro de un régimen democrático, los procesos electorales representan una recomposición de éste, por lo que inevitablemente se hará patente la forma de comunicación e influencia más importante de los GDO: la violencia y la corrupción. Tomando esto en cuenta, la violencia político-electoral no sólo es una historia de confrontación entre el Estado y los GDO, sino que se encuentra estrechamente vinculada al punto de intersección de sus intereses.
Si bien se tiene registro de violencia político-electoral previo a los procesos de democratización y alternancia en el país, contrario a la intuición, este tipo de violencia ha incrementado, y es en general atribuido a la debilidad de la condición transitoria (por ende inestable) del régimen político; no obstante, la colaboración entre gobierno y grupos criminales parece escapar al concepto tradicional de violencia política (que no contempla la acción ilegal de los actores del gobierno)[3], lo que es particularmente cierto si esta relación se considera más allá de la intimidación de los GDO hacia el Estado y, más hacia el servicio de éste último hacia los intereses propios de los actores políticos, en particular, la obtención de una ilegítima ventaja electoral sobre la competencia.
La relación entre los GDO y el Estado pueden resumirse en tres categorías: evasión, corrupción y enfrentamiento; y entre el Estado con los GDO en contraparte como: tolerancia, colusión y represión[4]. Si observamos la interacción desde una perspectiva costo-beneficio, es decir, qué es lo más favorable o lucrativo para la DO en un marco de derecho que, por un lado, prohíbe a los integrantes de una sociedad incurrir en determinados comportamientos, mientras que por otro obliga a los representantes del Estado a castigar su transgresión, podremos entender que a pesar de que el discurso y los propios procedimientos penales dictan que las contraposiciones de esta naturaleza se aborden por medio de la violencia (legítima o no), no siempre será beneficioso para los actores involucrados realizarlas en estos términos. En resumen, el conflicto permanente es una estrategia tan costosa en términos económicos y políticos, que muchas veces será sustituida por la cooperación, o colusión, según se quiera ver.
En este sentido, Guillermo Trejo y Sandra Ley proponen que la distinción entre la delincuencia común y la organizada no debe realizarse por su complejidad de organización sino en función de su cercanía con el Estado; por lo que la confluencia entre la actividad criminal y la de Estado, genera el ecosistema imprescindible para la incubación y proliferación de la DO, esto es: “LA ZONA GRIS DE LA CRIMINALIDAD”.[5]
Si aceptamos que la DO puede existir únicamente en avenencia con las instituciones del Estado y que los regímenes en transición democrática son particularmente vulnerables a los métodos de control de los GDO, podremos dimensionar la gran ventana de oportunidad del periodo electoral como momento para conservar y consolidar el dominio territorial-institucional, o bien establecer nuevos terrenos de poder e influencia. La borrosa línea gris aún no permite identificar con certidumbre si nos encontramos en un nuevo momento en que el Estado es quien utiliza la influencia y alcance del aparato criminal para satisfacer su propia agenda.
Fernando Beltrán Casillas – Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y Especialista en Seguridad Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Twitter: @FerBeltranCa
[1] Etellekt Consultores, Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021.
[2] Héctor Aguilar Camín, La Captura Criminal del Estado, Nexos, 1 de enero de 2015.
[3] Arturo Alvarado Mendoza, Violencia política y electoral en las elecciones de 2018, ALTERIDADES, 2019.
[4] John Bailey, Crimen e Impunidad, Debate, México, 2014, pp. 132
[5] Guillermo Trejo & Sandra Ley, Votes, Drugs and Violence: The political logic of criminal wars in Mexico, Cambridge University Press, New York, 2020, pp. 31-65.
