No, no es correcto, moral y tampoco legal que 700 niñas cada año sean vendidas o forzadas a vivir en pareja. Es inaceptable que 300 mil vivan en esa condición en México porque así lo determinan los usos y costumbres de muchas comunidades. La Constitución lo establece con toda claridad.

El artículo 2 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinacióny autonomía, pero con las acotaciones debidas.

El apartado A, fracción II, dispone que pueden “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres”. Los avances en materia legal han sido lentos. Hace apenas dos años que se estableció la mayoría de edad como requisito para contraer matrimonio.

Falta mucho más, pero los políticos y sus partidos no se interesan en abordar un tema que implica el costo de pelearse con los caciques locales y la pérdida de toda esa influencia para sus fines electorales. Incluso las legisladoras, que evidentemente tendrían que ser las más preocupadas, no alzan la voz. Queda claro que la existencia de una ley no garantiza su cumplimiento si no hay una cultura de la observancia. Los delitos están ahí, aunque no homologados entre las distintas entidades federativas: pederastia, abuso sexual infantil, violación, corrupción de menores y estupro, entre otros.

La situación no es clasista ni racista, sino corresponde a una realidad. Una niña vendida, aun cuando sea por tradición, sufre algo mucho peor que un feminicidio, porque está muerta en vida, sometida a la esclavitud de su comprador y tratada como un objeto adquirido.

La lucha por la igualdad de derechos ante la ley ha mostrado muchos avances, pero no ha sido igual en todos los frentes. La batalla debe centrarse ahora muy directamente en las comunidades regidas por usos y costumbres.

En Guerrero, más de tres mil niñas y adolescentes de entre nueve y 17 años dieron a luz, muchas de ellas dentro de esos matrimonios arreglados.

A nivel país, la tasa de fecundidad es de 73.5 hijos por cada mil mujeres indígenas de entre 15 y 19 años. Comparando, entre las que no hablan una lengua indígena, la tasa baja a 41.2 por cada mil.

Al infierno que viven las niñas en esos poblados donde predomina el machismo y el cacicazgo se agrega que librarse de esa situación es una posibilidad muy lejana. 26 por ciento de las mujeres indígenas mayores de 15 años nunca asistieron a una escuela y 62 por ciento tienen educación básica que puede haber quedado en preescolar o secundaria.

De los dos mil 446 municipios que hay en México, 421 se rigen por usos y costumbres tradicionales reconocidos por la Constitución. En todos ellos hay que hacer un trabajo extensivo e intensivo de desarrollo, sensibilización, cultura de la igualdad, Estado de Derecho y destierro de prácticas contrarias a toda moralidad y legalidad.

Ese es un trabajo del gobierno, pero también de una sociedad civil preocupada y ocupada en evolucionar.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@ADRIDELGADORUIZ