La nota periodística de color (en este caso verde), la dio el Senado de la República la semana pasada, al aprobar con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, en lo general, el dictamen que regula el uso del cannabis, mejor conocida como marihuana. La minuta seguirá, para sus efectos constitucionales, el ciclo legislativo en la Cámara de Diputados como cámara revisora.
El acontecimiento causó mucho revuelo informativo, algunas celebraciones en señal de satisfacción por la “victoria conquistada” -dirían algunos-, posiciones encontradas sobre lo bueno, lo malo, las bondades económicas y lo que viene con este paso legislativo, además de la natural confrontación de opiniones, que deja a unos eufóricos, otros contentos, unos más preocupados y quizás enojados. Eso sucedió en la semana en que México superó las 100 mil muertes a causa de Covid-19, y ante el caudal de problemas nacionales, ya no sé si esto le cayó al gobierno “como anillo al dedo”.
Meses atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado atender lo relativo “al respeto al desarrollo de la libre personalidad”, con lo cual se le prohíbe al gobierno prohibir, y solo podrá regular el uso individual, grupal, compartido para fines comerciales, industriales, médicos, farmacéuticos, lúdicos o de investigación.
De acuerdo con el dictamen que en breve deberá ser votado por las y los diputados, solo las personas mayores de 18 años podrán ser consumidores de cannabis y portar 28 gramos, además de que se les permitirá tener en su casa -como si fuera parte de una huerta hidropónica-, de 6 a 8 plantas, según el número de consumidores que ahí habiten. El consumo deberá realizarse dentro de las viviendas, es decir, queda prohibido hacerlo en áreas de trabajo, establecimientos comerciales y espacios públicos.
Cuando la norma entre en vigor, se supone que en un plazo no mayor a seis meses debe desarrollarse un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones. Todo un reto.
Es importante mencionar que se elimina la facultad del Ministerio Público para realizar revisiones domiciliarias. Además, se liberarán a todas las personas procesadas o sentenciadas por posesión simple y se eliminarán los antecedentes penales por esta causa. Ningún menor de edad puede participar en actividades productivas relacionadas con la marihuana.
Se va a crear el Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis y solo podrán cultivar, portar y consumir aquellos que estén dados de alta en esa institución, la cual podrá otorgar una licencia de cultivo a ejidos y comunidades campesinas que así lo soliciten.
Va a correr mucha tinta, porque hay asuntos controvertidos que se pueden prestar al exceso y abuso. La ruta de la marihuana todavía es poco clara: muchas actividades por desarrollar en lo fiscal, económico, de prevención de adicciones, más allá de las libertades individuales.
Lo cierto es que hay otras prioridades que requieren atención y defensa, en serio, de libertades, como es el caso de la libertad de expresión; tantos asuntos, como dirían en el Parlamento, de urgente y obvia resolución, como la crisis de salubridad, incluido el desabasto de medicamentos, la situación precaria de los centros de salud, el alto riesgo de contagio del personal médico, de enfermería, intendencia y administrativo, que a estas alturas tampoco se ha controlado, así como las cuantiosas filas de personas que buscan obtener la vacuna de la influenza, y un larguísimo etcétera. A eso se le debe sumar, con preocupación, el incremento de contagiados por Covid-19 (nunca se aplanó la curva y el índice de letalidad es ahora el más alto del mundo).
Además de lo anterior, México presenta un desplome económico, con el consecuente incremento de personas sin empleo y en situación de pobreza; cada día de pandemia, a muchos habitantes les cuesta más tener acceso a la canasta básica. y ni qué decir del alza en los asaltos, robos, muertes violentas y otros relacionados con la seguridad pública.
Como consecuencia del cambio climático, las inundaciones tienen en jaque a Tabasco y Chiapas, mientras el gobierno no tiene definida una estrategia clara de apoyo, ni el Fondo de Desastres Naturales ni una estrategia de prevención futura. Estos son algunos temas que deben llamar la atención para tomar acciones legislativas y enfrentar las circunstancias nacionales.
