La Diputación Migrante una deuda democrática
Por Daniel Lee
Defender la Diputación Migrante significa defender una democracia que no excluye por razones de residencia. Significa reconocer que millones de mexicanas y mexicanos siguen construyendo diariamente el presente y el futuro del país, aun cuando su lugar de trabajo, su hogar o sus hijos se encuentren al otro lado de la frontera. La representación política de esa comunidad no puede depender de coyunturas partidistas; debe consolidarse como una institución permanente de un Estado que entiende que la ciudadanía viaja con las personas y que la nación también se construye desde el exterior.
Y EN ESTE CONTEXTO, las elecciones de 2027 pondrán nuevamente a prueba la madurez democrática de México. Los partidos políticos tendrán la responsabilidad de demostrar si consideran a los migrantes únicamente como remitentes de divisas o si verdaderamente los reconocen como ciudadanos con derechos plenos. Esa diferencia marcará buena parte del futuro de la relación entre México y sus comunidades en el exterior.
La Diputación Migrante puede convertirse en un actor estratégico para impulsar estas prioridades desde una perspectiva binacional. Su función no debería limitarse a gestionar trámites consulares o atender casos individuales. Debe convertirse en una voz permanente que articule propuestas, construya acuerdos con organizaciones migrantes, dialogue con legisladores de ambos países y coloque la movilidad humana en el centro de la agenda pública.
Hay que tenerlo claro, las elecciones de 2027 y las que vengan como la presidencial representan mucho más que la renovación de cargos públicos. Constituyen una oportunidad para decidir qué tipo de democracia quiere construir México en un momento en que millones de sus ciudadanos viven, trabajan y contribuyen desde el extranjero. En ese escenario.
La Diputación Migrante surgió para comenzar a corregir esa contradicción histórica. No es una concesión graciosa del poder ni una figura simbólica. Es un mecanismo de representación democrática que reconoce que la ciudadanía no desaparece al cruzar una frontera. Un mexicano que vive en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Dallas o Toronto sigue siendo parte de la vida nacional, mantiene vínculos familiares, económicos y sociales con México y tiene derecho a participar en las decisiones que afectan el futuro de su país.
Sin embargo, la existencia misma de esta representación ha enfrentado resistencias políticas. En distintos momentos han surgido intentos por minimizarla, reducir su alcance o incluso desaparecerla bajo argumentos administrativos o cálculos electorales. Detrás de esas posiciones persiste una visión limitada de la democracia: aquella que únicamente reconoce como ciudadanos plenos a quienes residen físicamente dentro del territorio nacional.
Esa visión resulta cada vez más insostenible. Hoy México es un país profundamente transnacional. Sus comunidades migrantes forman parte de dos realidades simultáneamente. Conocen de primera mano las políticas migratorias estadounidenses, participan en la economía de ambos países, impulsan inversiones, crean empresas, fortalecen organizaciones civiles y construyen puentes permanentes entre dos naciones cuya relación será cada vez más estrecha.
Por ello, la discusión sobre la Diputación Migrante en el Congreso de la Ciudad de México no debe reducirse a un asiento en un congreso local o federal. Lo verdaderamente importante es construir una agenda legislativa que represente las preocupaciones reales de quienes viven la migración todos los días. Esa agenda debe mirar más allá de coyunturas electorales y colocar en el centro una reforma migratoria integral que responda a la realidad del siglo XXI.
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