Señales ominosas en el horizonte económico
Por: Enrique Jacob Rocha
Se dan momentos en los que una economía no entra francamente en crisis, pero pierde algo igual de importante: tracción. México parece estar entrando en uno de esos momentos: la economía funciona, pero sus motores del crecimiento trabajan con menos potencia, menos sincronía y, en consecuencia, menos margen para absorber nuevos choques. Eso es lo que se lee de las últimas semanas, y así lo confirman datos duros.
El IGAE (Indicador global de la actividad económica) de febrero registró un avance mensual apenas marginal con variación anual negativa. La estimación oportuna del PIB del primer trimestre de 2026 arrojó una contracción trimestral de 0.8%. Al mismo tiempo, Standard & Poor’s endureció su postura sobre México y colocó en perspectiva negativa al soberano, a Pemex y a CFE. Las calificadoras suelen llegar tarde a los problemas, pero cuando cambian de tono fijan una percepción: riesgos antes considerados administrables empiezan a leerse como estructurales. La combinación de estancamiento económico y deterioro en la percepción de riesgo debería preocupar más de lo que aparenta, no porque estemos ante un colapso inminente, sino porque varias válvulas empiezan a cerrarse simultáneamente.
La Secretaría de Hacienda sigue defendiendo para 2026 un rango de expansión de entre 1.5% y 2.5%. Banamex ya bajó su estimación a 1.3%, al igual que otros analistas económicos validan esa tendencia. El diferencial no es una disputa entre optimistas y pesimistas, es la brecha entre una narrativa oficial que necesita sostener la idea de recuperación y una lectura de mercado que descuenta una economía considerablemente más débil. Además, ¿cómo se sostiene una expectativa de crecimiento superior a 2%?, cuando la inversión presenta niveles históricamente bajos.
En enero, la inversión fija bruta total cayó 3.3% anual. En febrero volvió a retroceder —4.2% anual— acumulando 17 meses consecutivos de caída. El gasto público en inversión física se desplomó 30.3% real en enero, la caída más profunda para un inicio de año en décadas. No sólo el Estado invierte menos donde más importa para elevar capacidad productiva; la inversión privada tampoco muestra la fuerza suficiente para compensar ese vacío. La inversión no desaparece, pero sí se está reordenando de una manera menos favorable para el crecimiento agregado. México sigue recibiendo capital en sectores y regiones muy específicas, pero ya no con lógica de país, sino con lógica de enclave. El capital fluye hacia donde persisten ventajas duras: energía relativamente confiable, conectividad, talento, ecosistemas industriales consolidados y marcos regulatorios funcionales. Eso puede sostener polos ganadores, pero no arrastra necesariamente al conjunto de la economía. Una cosa es que sobrevivan nodos dinámicos; otra muy distinta es que eso baste para elevar el crecimiento nacional.
Aquí reside la contradicción central, México conserva activos estratégicos evidentes, y el principal sigue siendo su cercanía con Estados Unidos, pero ese activo no rinde los frutos deseados. Mientras la economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 2.0% en el primer trimestre, la de México se contrae. Históricamente México crecía por encima de Estados Unidos cuando la economía norteamericana avanzaba, apalancado en exportaciones, manufactura integrada y ciclo externo. Hoy está ocurriendo lo contrario. Estamos anclados al mercado más grande del mundo y no logramos traducir esa vecindad en crecimiento propio. Se trata de una falla de transmisión entre ventaja geográfica y capacidad económica: la proximidad debería multiplicar inversión, productividad y relocalización efectiva, pero para que eso ocurra se requiere energía suficiente, infraestructura funcional, certidumbre regulatoria, seguridad operativa y finanzas públicas con margen de maniobra. Cuando varias de esas piezas se debilitan simultáneamente, la ventaja comparativa se debilita.
La perspectiva negativa de S&P sobre Pemex y CFE no sólo habla de balances financieros deteriorados; habla de la fragilidad de dos piezas centrales para la operación material de la economía. México puede anunciar proyectos, presumir relocalización y vender la narrativa del nearshoring, pero eso pierde valor de impacto si las empresas responsables de buena parte del suministro energético operan bajo dudas crecientes sobre su viabilidad, su gobernanza y su capacidad de ejecución. La energía no es únicamente una variable de costos, es sobre todo una variable de confianza. Cuando el mercado castiga al soberano y extiende esa cautela a Pemex y CFE de forma simultánea, lo que está señalando es que la vulnerabilidad fiscal y la vulnerabilidad operativa ya no pueden analizarse por separado. Para un inversionista, eso eleva la prima de riesgo. Para un empresario, obliga a recalcular el costo del dinero, la disponibilidad de infraestructura y la capacidad real del Estado para acompañar la expansión productiva.
No se quiere parecer fatalista, o dicho de otra manera, México no está condenado. Pero sí enfrenta una secuencia de señales imposible de minimizar. Cuando el PIB trimestral cae, la inversión pública se desploma, la inversión privada no compensa, Hacienda defiende proyecciones que el mercado ya descuenta a la baja y el entorno institucional encarece la percepción de riesgo, lo responsable no es buscar una narrativa tranquilizadora, “no pasa nada y el segundo semestre nos vamos a recuperar”. Lo responsable es reconocer que el margen se está reduciendo.
¿México todavía puede crecer? Claro que puede. La pregunta es si hoy cuenta con los motores, la confianza y la capacidad institucional para crecer al ritmo que necesita. Las señales recientes no anuncian un desplome; sugieren algo más silencioso y, a veces, más peligroso: una economía que avanza por inercia mientras varios de sus impulsores estructurales se acercan al límite. Si ésa es la trayectoria de 2026, el problema no será únicamente crecer poco. Será acostumbrarnos a un estancamiento en el que la debilidad económica, la fragilidad fiscal y la fatiga institucional se retroalimentan entre sí. Y una vez que ese circuito se consolida, volver a encender los motores cuesta mucho más que haberlos mantenido funcionando desde el principio.
Revertir esa trayectoria exige decisiones concretas, no sólo declaraciones de buena voluntad. Tres, a mi juicio, son las prioritarias.
1. Primera, restablecer la certeza jurídica como condición operativa: eso significa resolver con claridad litigios fiscales retroactivos que hoy paralizan decisiones de inversión, garantizar la independencia funcional del Poder Judicial y señalizar con hechos verificables que las reglas del juego no cambiarán según la conveniencia del momento.
2. Segunda, acercar al Estado al empresario con una lógica de facilitación, no de supervisión punitiva: ventanillas únicas que funcionen, permisos con plazos vinculantes, eliminación de trámites redundantes y un SAT que acompañe el cumplimiento en lugar de convertirlo en un laberinto de riesgo.
3. Tercera, restablecer la inversión pública en infraestructura energética y logística como señal de que el Estado también apuesta por el crecimiento, no sólo lo administra.
Ninguna de estas medidas requiere reformas constitucionales ni recursos extraordinarios. Requieren voluntad política y consistencia en la ejecución. El capital privado —nacional y extranjero— valora enormemente la previsibilidad, no pide o exige privilegios, como algunos servidores públicos suponen, y aquí lo importante, la previsibilidad, a diferencia de los subsidios, no cuesta dinero: Eso si, cuesta algo que la evidencia nos dice, ha sido difícil de cumplir: congruencia entre lo que se anuncia y lo que se cumple.
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