México busca atraer inversión, pero encarece la confianza
Por: Enrique Jacob Rocha
Un desconcierto genuino impera en una parte importante del empresariado mexicano, no porque falten anuncios económicos ni porque el gobierno haya renunciado a hablar el lenguaje de la inversión. En los últimos meses se han acumulado señales que apuntan, en apariencia, en la dirección correcta: reuniones de la Presidenta con líderes empresariales, impulso al Plan México, apertura relativa a la participación privada en energía, polos del bienestar y medidas para destrabar inversiones. Visto desde fuera, parecería que el país emite un mensaje inequívoco: México quiere capital y quiere capitalizar la oportunidad que ofrece la reconfiguración del comercio global. Sin embargo, ese mensaje convive con otro radicalmente distinto: uno que habla de fragilidad institucional, incertidumbre judicial, señales contradictorias y episodios políticos que elevan el ruido hasta convertirlo en riesgo. La percepción resultante es difícil de conjurar: México busca atraer inversión al tiempo que debilita, sistemáticamente, los factores que permiten sostenerla. Ése es el problema de fondo, no la ausencia de agenda económica, sino la inconsistencia estructural entre una narrativa proinversión y un entorno institucional que la contradice. Porque no hay política de atracción de capital que resista una política paralela que erosiona la certidumbre económica.
Las señales percibidas son las de un gobierno que comprende el papel de la inversión como palanca de crecimiento. El Plan México intenta articular una narrativa de oportunidad industrial. La mayor participación privada en ciertos segmentos del sector energético responde a una lógica más pragmática que ideológica, y las medidas de facilitación administrativa dadas a conocer esta semana reflejan conciencia de que los tiempos de ejecución son una variable competitiva, no un detalle burocrático. Pero todo eso ocurre sobre un terreno cada vez menos sólido. La inversión no se decide únicamente por los incentivos visibles —exenciones fiscales, zonas especiales, discurso favorable—, sino por la calidad del piso institucional sobre el que se construye el horizonte de largo plazo, y es ahí donde aparece la principal contradicción.
La fragilidad del Estado de derecho no es un tema abstracto para el capital. La incertidumbre judicial tampoco, son variables que alteran el cálculo de rentabilidad y riesgo. Un inversionista puede tolerar costos operativos elevados, gestionar complejidades regulatorias e incluso navegar entornos políticos turbulentos. Lo que difícilmente puede absorber es la duda sobre la consistencia de las reglas, la protección efectiva de los contratos y la imparcialidad del marco institucional que debería arbitrar los conflictos. Cuando esa duda prevalece, ningún anuncio la neutraliza. Los incentivos se vuelven insuficientes porque el problema no está en el precio de entrar, sino en la certeza de permanecer y, en última instancia, recuperar la inversión.
A lo anterior se suma un entorno de señales cruzadas. Por un lado, se invita a invertir. Por otro, persisten episodios que alimentan la percepción de que México no ha resuelto qué relación quiere tener con el sector privado ni con los contrapesos institucionales. Un ejemplo lo ilustra con precisión: el SAT ha aplicado criterios de auditoría con revisiones de hasta 15 años hacia atrás, práctica que cámaras empresariales estadounidenses identifican como barrera no arancelaria y que figura ya en la conversación rumbo a la revisión del T-MEC. El caso más emblemático —actualmente ante la Suprema Corte— involucra el cobro retroactivo de IVA a empresas IMMEX bajo una interpretación que la propia autoridad fiscal toleró durante dos décadas. Litigios análogos, entre ellos el de Samsung, se acumulan en tribunales colegiados. El gobierno suscribió recientemente un acuerdo comprometiendo el principio de no retroactividad en revisiones fiscales —la primera vez que lo enuncia formalmente—, pero su valor dependerá de si se traduce en lineamientos verificables y en el ajuste de los litigios en curso, no solo en un enunciado. Mientras tanto, las dudas sobre el T-MEC trascienden lo diplomático y se convierten en un factor de costo real para empresas que deben tomar decisiones de localización.
El caso del Gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, Rubén Rocha Moya, forma parte de este ambiente. El episodio no define por sí solo el rumbo del país, pero ilustra cómo las tensiones políticas contaminan la percepción de estabilidad institucional. Para el empresariado, este tipo de señales raramente producen reacciones estridentes. Operan de forma acumulativa: ajustan hacia arriba el umbral de riesgo percibido, no cancelan el interés, pero encarecen la decisión de comprometer recursos, y ésa es la parte central que con frecuencia se subestima: la cautela empresarial no es un capricho ni una sobrerreacción ideológica. Es una respuesta racional a la incoherencia del entorno. La inversión productiva de largo plazo depende de algo más difícil de construir y más fácil de destruir que cualquier incentivo fiscal: la expectativa razonablemente fundada de que las condiciones de operación serán estables durante el tiempo que el capital necesita para madurar. La narrativa puede abrir una puerta. La confianza institucional decide si alguien la cruza.
Las consecuencias empiezan a manifestarse en cifras. En el primer trimestre de 2026, la economía mexicana creció apenas 0.1% en comparación anual —prácticamente cero— y registró una contracción de 0.8% en términos secuenciales, borrando las modestas ganancias del trimestre previo. Las expectativas para el año completo han sido revisadas a la baja: el consenso del Banco de México apunta a alrededor de 1.3%, muy lejos del 1.5%–1.8% que se proyectaba hace unos meses. Esto ocurre mientras Estados Unidos creció 2.7% en el mismo periodo —una brecha que, para un país con integración regional profunda como México, resulta difícil de justificar. El gasto de inversión público se ubica por debajo del 2% del PIB, uno de los niveles más bajos en la historia, y la inversión privada doméstica también ha cedido terreno. Parte del problema reside en el diseño mismo de los esquemas de participación: los modelos de inversión mixta (contemplados en la Ley de inversiones mixtas para el bienestar) mantienen el control operativo en manos del Estado, desincentivando a privados que no están dispuestos a asumir riesgos de capital sin control de gestión. El resultado es una economía con los dos motores —público y privado— operando muy por debajo de su potencial. Ahí es donde la contradicción deja de ser política y se vuelve estructural. México puede seguir comunicando disposición a atraer inversión, pero si el marco institucional que debe respaldar esa promesa se percibe frágil, la narrativa pierde eficacia independientemente de su formulación.
El problema no es de mercadotecnia económica: no se resuelve con mejores mensajes ni con foros más concurridos. Es un problema de consistencia estatal. Ningún país logra construir confianza durable si pide al capital que invierta sobre bases institucionales percibidas como impacientes, inciertas o contradictorias. La confianza no se declara; se acredita. La discusión relevante, entonces, no es si el gobierno tiene o no sensibilidad económica —las señales de que la tiene son identificables—, sino si esa sensibilidad puede traducirse en resultados duraderos cuando coexiste con un deterioro de los factores que hacen viable la inversión de largo plazo.
México enfrenta una encrucijada de fondo. El país tiene una oportunidad real —quizás irrepetible— de atraer inversión en un momento de profundo reacomodo de las cadenas productivas globales. Pero también el riesgo de dilapidarla si continúa erosionando las condiciones que harían posible capturarla. La dimensión histórica del problema es contundente: a finales de los años setenta, el PIB per cápita de México representaba alrededor del 30% del de Estados Unidos; hoy esa proporción no ha mejorado, pese a cinco décadas de integración regional y tratados comerciales. Lo que está en juego no es solo el crecimiento de corto plazo: es la posibilidad de salir de la trampa de ingresos medios en la que el país lleva décadas estancado. Para lograrlo, México necesita algo más que anuncios y reuniones: reducir la incertidumbre judicial, reconstruir previsibilidad en las reglas del juego y realinear su narrativa económica con una base institucional que la respalde. Porque en el mercado global por atraer capital, la competencia ya no se gana solo con incentivos fiscales. Se gana con la capacidad de ofrecer reglas creíbles, protección contractual efectiva y horizonte institucional estable. Sin esa corrección, México puede seguir atrayendo atención, pero no necesariamente confianza, y sin confianza, no habrá inversión.
