Negocio turbio: Metepec lucra con medidores de agua
¿Por qué el Ayuntamiento impone un solo proveedor?
La voracidad recaudatoria del gobierno municipal de Metepec alcanzó un nuevo nivel de descaro mediante la imposición de nuevos medidores de agua. Bajo el pretexto de lecturas incorrectas, las autoridades locales obligan a los ciudadanos a desechar equipos funcionales para adquirir otros con un costo superior a los 4,000 pesos. Esta medida no busca la eficiencia hídrica, sino que evidencia un monopolio dirigido hacia un único proveedor “autorizado”, eliminando cualquier posibilidad de competencia o ahorro para las familias mexiquenses.
Como consecuencia de este esquema de corrupción, el ciudadano enfrenta un desembolso forzoso que no termina con la compra del aparato. Además del costo inflado del medidor, el Ayuntamiento exige un pago adicional aproximado de 1,700 pesos por concepto de instalación oficial. Sin el comprobante del proveedor exclusivo, la autoridad municipal se niega a brindar el servicio, confirmando una colusión administrativa que asfixia la economía doméstica mientras las arcas particulares se llenan a ritmo acelerado.
El enriquecimiento a costa del bolsillo ciudadano
La dinámica observada en las oficinas de cobro refleja un negocio redondo operado bajo el amparo del poder local. En lapsos menores a media hora, el proveedor despacha múltiples unidades, lo que proyecta ingresos millonarios diarios derivados de una imposición arbitraria. Mientras el municipio padece deficiencias en otros servicios básicos, la administración concentra sus esfuerzos en este atropello financiero disfrazado de modernización tecnológica.
¿Quién autorizó este saqueo en Metepec?
Hasta el momento, la opacidad domina el proceso de selección de dicho proveedor, sugiriendo una falta de transparencia alarmante en la gestión pública. La pasividad del cabildo ante este cobro excesivo demuestra que la protección al ciudadano no es prioridad frente a las ganancias de un sector selecto. Esta política de extorsión institucionalizada convierte un derecho básico como el acceso al agua en un botín político, dejando a los habitantes de Metepec sin opciones reales frente a la incapacidad moral de su gobierno municipal.
