Derecho a una segunda oportunidad: Diputados de la CDMX van contra la discriminación por antecedentes penales.
Congreso analiza exclusión laboral y reinserción
¿Qué problema se discutió en el Congreso?
Diputados del Congreso de la Ciudad de México abordaron la discriminación laboral que enfrentan personas con antecedentes penales, al señalar que esta práctica limita su reinserción social en la capital.
Durante la sesión, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rebeca Peralta, expuso que diversos análisis legislativos indican que menos del 15 % de quienes salen del sistema penitenciario consigue un empleo formal. En consecuencia, la mayoría permanece en condiciones de informalidad, desempleo o marginación económica.
La legisladora advirtió que negar oportunidades laborales a quienes ya cumplieron una sentencia genera un nuevo ciclo de exclusión. Además, sostuvo que la falta de alternativas reales incrementa el riesgo de reincidencia delictiva, lo que impacta en la seguridad pública.
¿Qué datos respaldan la preocupación?
Cifras oficiales sobre reinserción revelan que el 39.3 % de las personas que estuvieron privadas de la libertad identifica la negativa a contratar como el principal acto discriminatorio. En muchos casos, esta exclusión se relaciona con la exigencia de cartas de antecedentes penales.
Por otra parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México informó en su Reporte de Atención a Casos 2024 que el 56 % de los expedientes atendidos por discriminación ocurrió en el ámbito laboral. Este dato confirma que el acceso al trabajo representa el espacio donde más se manifiestan prácticas excluyentes.
Peralta subrayó que el empleo estable constituye uno de los factores más relevantes para disminuir la reincidencia. Por ello, consideró necesario revisar barreras legales y administrativas que impiden la integración plena de este sector de la población.
¿Qué propuestas se plantean?
En el debate legislativo, la diputada aclaró que las iniciativas no buscan relajar estándares de seguridad ni comprometer a empleadores. En cambio, propuso establecer reglas claras y proporcionales que permitan evaluar cada caso bajo criterios objetivos.
Asimismo, insistió en que la reinserción social no debe entenderse como un beneficio discrecional, sino como una estrategia que fortalece la cohesión social y contribuye a la estabilidad de la ciudad. Desde su perspectiva, facilitar el acceso al trabajo formal reduce riesgos y promueve entornos más seguros.
El Congreso continuará el análisis de posibles ajustes normativos y políticas públicas orientadas a garantizar igualdad de oportunidades en el mercado laboral para personas que ya cumplieron una condena.
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