No más matrimonios y cohabitación forzada infantil en Chiapas; Congreso aprueba reforma
No más matrimonios y cohabitación forzada infantil en Chiapas; Congreso aprueba reforma.
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Reforma penal contra matrimonios infantiles
El Congreso de Chiapas aprobó una reforma al Código Penal con el propósito de frenar los matrimonios infantiles y la cohabitación forzada, prácticas que persisten en algunas regiones del estado. La medida busca proteger a niñas, niños y adolescentes, especialmente en pueblos y comunidades indígenas, donde estas uniones se han justificado bajo el argumento de usos y costumbres. Con esta decisión, el Poder Legislativo estatal estableció sanciones más severas para quienes promuevan, faciliten u obliguen a menores de edad a vivir en uniones informales.
La aprobación ocurrió durante la sesión del viernes y respondió a una demanda social que distintos colectivos y organizaciones han planteado durante años. Legisladores señalaron que el objetivo central consiste en cerrar vacíos legales y enviar un mensaje claro contra prácticas que vulneran derechos fundamentales.
¿Qué sanciones contempla la reforma?
Las modificaciones al marco legal incluyen penas de prisión de 8 a 15 años, además de multas económicas que van de mil a 2 mil 500 días de salario mínimo. Las sanciones aumentan cuando la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas, al considerar un contexto de mayor vulnerabilidad. La norma castiga conductas como obligar, coaccionar, inducir, solicitar, gestionar u ofrecer a una persona menor de edad, o a alguien sin capacidad de comprender el hecho, para que viva en una unión informal.
Durante el debate legislativo, la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que la reforma atiende una de las exigencias más sentidas de la población. Señaló que la ley no se dirige contra la diversidad cultural, sino contra prácticas que generan violencia, abuso y riesgos a la salud, especialmente para las menores.
La legisladora subrayó que ninguna tradición puede colocarse por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez. Añadió que, incluso cuando existe aval familiar o comunitario, la entrega de una menor a una unión forzada expone a situaciones de explotación y agresión.
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¿Por qué se impulsa ahora esta medida?
La discusión legislativa tomó mayor relevancia tras un caso reciente que evidenció las consecuencias de estas prácticas. Hace unas semanas, una niña tsotsil de 13 años ingresó al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas para dar a luz, con un embarazo de alto riesgo que puso en peligro su vida y la del recién nacido. El hecho generó indignación y reavivó el debate público sobre la responsabilidad del Estado.
Desde tribuna, se afirmó que la neutralidad institucional frente a estas conductas equivale a complicidad. Por ello, el Congreso optó por establecer sanciones claras y firmes. Los legisladores coincidieron en que proteger a la niñez no representa una postura política opcional, sino una obligación constitucional, ética y social.
Con esta reforma, Chiapas refuerza su marco legal y fija un precedente para combatir prácticas que, aunque arraigadas en algunos contextos, vulneran la dignidad humana y los derechos de las personas menores de edad.
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