Ministros priorizan austeridad y función pública
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no usará camionetas blindadas recientemente adquiridas, luego del debate público que surgió por su costo y su relación con los principios de austeridad. Así lo confirmó el ministro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, durante una conferencia de prensa realizada este lunes 26 de enero de 2026, en la que subrayó que la seguridad institucional no debe confundirse con privilegios.
Desde el inicio de su mensaje, Aguilar Ortiz señaló que los ministros asumieron un compromiso claro con el uso responsable de los recursos públicos. En ese contexto, explicó que la Corte tomó la decisión de no utilizar los vehículos blindados, a pesar de que existía una recomendación técnica en materia de seguridad. El ministro presidente recalcó que, hasta el momento, no existen reportes que indiquen riesgos específicos para la integridad de las ministras y ministros en funciones.
Asimismo, enfatizó que la vocación de servicio público implica actuar con mesura. “La seguridad no implica lujo”, sostuvo, al señalar que el ejercicio de la función judicial debe mantenerse cercano a la ciudadanía y alineado con los principios de austeridad republicana que rigen a las instituciones del Estado mexicano.
Compra previa y contexto administrativo
Durante la misma intervención, Aguilar Ortiz explicó que la adquisición de las camionetas blindadas se realizó con base en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales alertaron que algunas de las unidades en uso ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad. No obstante, aclaró que la decisión administrativa no obliga a su utilización inmediata, especialmente cuando las condiciones actuales no lo justifican.
El presidente de la Corte también recordó que, en la integración anterior del máximo tribunal, algunos ministros que concluyeron su encargo en septiembre pasado adquirieron vehículos oficiales como parte de su haber de retiro, mediante un esquema aprobado previamente. Este antecedente formó parte del contexto que alimentó la discusión pública sobre el uso de recursos en el Poder Judicial.
Aguilar Ortiz destacó que la política de austeridad adoptada por la nueva integración de la Suprema Corte no responde a gestos simbólicos, sino a una estrategia de administración responsable. De acuerdo con su explicación, el objetivo consiste en mantener el equilibrio entre el adecuado funcionamiento institucional y el cuidado del erario, sin comprometer la seguridad ni la operación del Estado.
En ese sentido, el máximo tribunal reiteró que actúa con plena independencia y autonomía, y que sus decisiones administrativas se ajustan a la normativa interna vigente. La renovación del parque vehicular, detalló la Corte en comunicados previos, se sustenta en lineamientos emitidos desde 2019, los cuales establecen la sustitución periódica de vehículos oficiales cada cuatro años o antes, cuando las condiciones lo ameriten.
Finalmente, la Corte sostuvo que el proceso de adquisición se realizó de forma paralela a una reducción general del número de unidades, con el fin de evitar gastos adicionales. Sin embargo, la determinación actual de no utilizar las camionetas blindadas busca enviar un mensaje claro sobre la prioridad de la austeridad y el compromiso con una gestión pública prudente, acorde con las expectativas ciudadanas.
