Cesan a más de 60 empleados tras renuncia de magistrada
Renuncia sacude al Poder Judicial
La renuncia de magistrada del OAJ generó una serie de consecuencias administrativas y laborales que impactaron de forma inmediata a más de 60 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes quedaron en una situación de incertidumbre jurídica y financiera tras la salida inesperada de una integrante clave del nuevo órgano de gobierno judicial.
El hecho ocurrió a inicios de enero, cuando el personal adscrito a una ponencia del Órgano de Administración Judicial regresó de vacaciones y encontró oficinas cerradas, contratos rescindidos y ausencia total de información oficial. La situación provocó desconcierto entre los trabajadores, quienes hasta días antes mantenían actividades normales y planes de continuidad para el año en curso.
Cese inmediato y oficinas clausuradas
Lorena Josefina Pérez Romo dejó su cargo apenas cuatro meses después de haber sido designada como integrante del Órgano de Administración Judicial, instancia que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, su salida no fue informada de manera previa ni acompañada de un proceso administrativo ordenado.
El personal se enteró de la decisión el 6 de enero, cuando representantes del área jurídica acudieron a las oficinas de la ponencia para notificar la rescisión de contratos. En consecuencia, más de 60 colaboradores quedaron cesados de manera simultánea. Además, las oficinas que ocupaba el equipo fueron cerradas y aseguradas con sellos institucionales, lo que impidió el acceso a equipos de trabajo y documentación.
Antes de ese momento, no existían señales públicas de una salida inminente. Incluso, durante diciembre, la magistrada había encabezado reuniones con su equipo en las que habló de proyectos futuros y del fortalecimiento del nuevo órgano administrativo del Poder Judicial.
Incertidumbre administrativa y financiera
Tras el cese, los trabajadores acudieron a las áreas de recursos humanos para iniciar los trámites correspondientes. No obstante, ahí recibieron información contradictoria, ya que algunas oficinas señalaron que no contaban con notificación formal sobre las bajas. Esta falta de coordinación dejó a varios empleados sin claridad sobre su estatus laboral.
Por un lado, quienes contaban con plazas de base en otras áreas regresaron a sus adscripciones originales, aunque sin posibilidad de realizar movimientos administrativos hasta que el sistema refleje su baja del OAJ. Por otro lado, quienes no tenían base enfrentan mayores complicaciones, ya que no pueden acceder al seguro de retiro ni a los recursos que ahorraron durante su relación laboral.
Además, fuentes internas indicaron que estos procesos podrían tardar varias semanas, lo que prolonga la afectación económica para los trabajadores cesados.
Silencio institucional
Hasta el momento, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el propio Órgano de Administración Judicial han emitido un posicionamiento público sobre las causas de la renuncia ni sobre la situación del personal afectado. La Corte, que realizó la designación directa, no ha detallado el estado del trámite, mientras que el OAJ sostiene que no ha recibido notificación formal.
Este silencio institucional mantiene el caso sin definiciones claras y deja abierta la expectativa sobre las medidas que se tomarán para resolver la situación laboral y administrativa derivada de este episodio.
