¡Tensión máxima! Activistas exigen que la Corte abra ya el debate sobre arraigo y prisión automática
Integrantes del Colectivo Pena Sin Culpa solicitaron este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomar el análisis pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, con el fin de cumplir la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en el caso García Rodríguez y otro vs. México, la cual ordena al Estado dejar de aplicar ambas figuras.
Daniel García Rodríguez, uno de los protagonistas del caso ante la Coridh, recordó afuera del máximo tribunal que la sentencia internacional obliga a modificar el uso de estas medidas. “Confiamos en que los nuevos ministros podrán pronunciarse contra la prisión preventiva automática, y nosotros seguiremos insistiendo”, afirmó.
Reunión con el equipo del ministro presidente
Antes del pronunciamiento público, García Rodríguez y los abogados del colectivo sostuvieron un encuentro con integrantes del equipo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, donde plantearon la urgencia de que el Pleno resuelva los recursos de impedimento promovidos contra las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos.
Según explicaron, dichos impedimentos deben agotarse antes de que la Corte discuta el fondo del asunto relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Para el colectivo, ambas ministras deben apartarse del análisis por posibles conflictos de interés.
Argumentos para solicitar los impedimentos
El colectivo sostiene que la ministra María Estela Ríos, en su papel previo como consejera jurídica de la Presidencia, defendió la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, lo que a su juicio compromete su imparcialidad actual.
En cuanto a la ministra Yasmín Esquivel, señalan que en una resolución relacionada con el amparo 5/2025 habría emitido comentarios que, consideran, adelantaron criterio sobre la responsabilidad penal de Daniel García y Reyes Alpízar por el homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés, hecho por el que ambos permanecieron 17 años en prisión preventiva antes de obtener su libertad.
Expectativa de resolución este mes
El abogado Simón Hernández señaló que ya existe una audiencia de alegatos y que la reclamación fue turnada al ministro Arístides, por lo que —según la Ley de Amparo— el asunto debería resolverse en un plazo máximo de 10 días.
“Esperamos que antes de que termine el año haya una señal clara en ambos casos, que las ministras se excusen y que el tema avance para que el Pleno pueda discutir lo verdaderamente importante: la aplicación de la prisión preventiva automática en México”, puntualizó.
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