Los hermanos Aldana: así operan los negocios de la familia del líder del sindicato de Pemex

¿Cómo surgieron las sospechas?

La reciente investigación periodística colocó en el centro del debate a los hijos del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana Prieto. De acuerdo con el reportaje, Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón habrían participado en un esquema de venta y reventa de diésel mediante un conjunto de empresas privadas que, a su vez, obtuvieron contratos millonarios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La información señala que las compañías vinculadas a los hermanos habrían concentrado aproximadamente 1,614 millones de pesos, cifra que incluye 42 contratos otorgados por la Sedena —con un valor estimado de 1,557 millones de pesos— y otros convenios por alrededor de 56 millones firmados con instituciones como el IMSS.

¿Qué empresas y mecanismos aparecen señalados?

Según la investigación, los hijos del líder sindical habrían operado mediante varias firmas dedicadas al suministro de combustibles, entre ellas Gas Azul de Nogales S.A. de C.V., Estrategias Energéticas y de Distribución SAPI, y GMR Energéticos.

Además, los reportes mencionan un convenio de asociación firmado en noviembre de 2023 entre empresas del mismo grupo, lo que habría permitido que una fungiera como gestora de contratos mientras otra realizaba la entrega final del combustible. Esta dinámica, señalan los documentos analizados, facilitaba prácticas como competencia simulada, ya que distintos procedimientos de compra incluían a compañías relacionadas entre sí.

Asimismo, estos contratos se enfocaron principalmente en el suministro de diésel para proyectos militares y de infraestructura, como la construcción de una unidad habitacional en Quintana Roo y el abastecimiento para obras del Tramo 7 del Tren Maya. En el caso del IMSS, se registran adjudicaciones destinadas a instalaciones del Hospital General Regional No. 12, de acuerdo con las actas de licitación públicas.

Documentos incluidos en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refuerzan la presencia de estas empresas en procesos de compra relacionados con combustibles durante 2024, lo que coincide con los señalamientos del reportaje.

¿Qué postura han asumido las autoridades?

Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Sedena, la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Fiscalía General de la República, por lo que la información disponible proviene únicamente de la investigación periodística y de los registros públicos mencionados.

A pesar de la magnitud de los montos y de la relevancia del sindicato petrolero, ninguna dependencia ha confirmado la apertura de una indagatoria interna o administrativa contra las empresas señaladas. Del mismo modo, el dirigente sindical Ricardo Aldana Prieto no ha emitido una respuesta pública sobre los vínculos empresariales atribuidos a sus hijos.

Por lo pronto, el caso permanece en el terreno de la revelación periodística, con documentos que muestran contratos, actas de fallo y registros de proveedores. Sin embargo, queda pendiente la verificación institucional que determine si existió algún conflicto de interés, irregularidad en las adjudicaciones o violación a las normas de contratación pública.

Aclaración necesaria

Aunque las investigaciones se encuentran documentadas, sustentadas y basadas en expedientes públicos, no existe hasta ahora una contraparte que haya salido a confirmar o desmentir la información presentada. Ni los señalados, ni las dependencias involucradas han ofrecido una versión alternativa, lo que significa que la discusión permanece limitada a lo revelado por la investigación periodística.

Por ahora, el caso sigue en el terreno de la transparencia mediática, a la espera de que alguna autoridad o implicado exponga una postura formal que permita confirmar, precisar o descartar las presuntas irregularidades.