México, Uber y un Mundial en puerta
Irene Muñoz
El Mundial FIFA 2026 está a menos de un año y México será uno de los escenarios globales más observados. Mientras los estadios ultiman detalles, el país enfrenta un reto que trasciende la infraestructura, ordenar de manera inteligente la operación de plataformas como Uber en aeropuertos y zonas federales. Lo que hoy se discute en tribunales no es un tecnicismo aislado, sino una de las piezas clave para garantizar movilidad eficiente, certidumbre jurídica y una buena experiencia turística.
Desde 2022, el gobierno federal prohibió que plataformas como Uber operaran en aeropuertos, alegando que no cumplían con la Ley de Caminos y Autotransporte Federal. La Guardia Nacional ejecutó operativos, detuvo vehículos y multó conductores. Uber respondió en tribunales y, en octubre de 2025, obtuvo una suspensión definitiva que impide detener o sancionar a conductores mientras avanza el juicio. Esto permitió, en la práctica, su operación en más de 70 aeropuertos. Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) ha sido muy clara y técnicamente correcta, una suspensión no equivale a una autorización. Es un freno a posibles abusos, pero no sustituye los permisos que exige la normatividad. Esa posición es institucionalmente responsable, evita vacíos y reafirma que la política pública no puede sostenerse en criterios judiciales provisionales.
Aun así, el país está atrapado en un limbo. Para los usuarios, Uber parece permitido; para los taxistas, es competencia desleal; para la autoridad, sigue siendo una actividad sin un marco específico. Y en un año mundialista, la ambigüedad es el peor escenario posible.
El torneo traerá millones de visitantes adicionales a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Las sedes ya experimentan saturación aeroportuaria y altos picos de demanda. En cualquier país anfitrión, las plataformas dejan de ser accesorias, se vuelven fundamentales para equilibrar tiempos de espera, reducir abusos tarifarios y absorber la demanda extraordinaria. Los turistas usarán Uber, DiDi o inDrive, y el Estado debe definir bajo qué reglas, con qué seguridad y con qué integración al resto de la movilidad.
En este panorama también influye la reciente reforma laboral que otorgó seguridad social y prestaciones a personas que trabajan en plataformas. Más de un millón ya están registradas en el IMSS. Uber incrementó tarifas alrededor de 7% para absorber los nuevos costos, lo que generó tensiones. En contexto mundialista, el equilibrio entre derechos laborales, tarifas accesibles y disponibilidad de conductores será determinante.
La experiencia internacional confirma que los países sede que regulan con claridad tienen mejores resultados. Rusia 2018 creó permisos específicos para plataformas durante el torneo; Qatar 2022 integró taxis y Uber en un sistema oficial con zonas de ascenso y descenso geolocalizadas y carriles exclusivos; Brasil aprobó leyes especiales para regular temporalmente actividades críticas. Todos actuaron con una lógica, contar con reglas transparentes, temporales y específicas para un evento excepcional.
México puede, y debe, replicar ese enfoque, aprovechando el trabajo ya emprendido por la SICT. La autoridad ha mostrado rigor jurídico al aclarar que la suspensión de Uber no crea derechos ni autoriza su operación federal. Ese encuadre legal protege al Estado, da certeza normativa y evita que el debate se distorsione. Pero el Mundial exige un paso adicional, crear un permiso o concesión temporal federal para plataformas durante el periodo del torneo.
Este permiso no sería una puerta trasera ni una autorización permanente, sino un instrumento transitorio que permita operar bajo requisitos equivalentes a los de los taxis concesionados, equilibrando el terreno regulatorio y anulando el argumento de prácticas desleales. En la práctica, sería una licencia extraordinaria que establezca seguros obligatorios, verificación documental, contraprestaciones claras para aeropuertos y zonas específicas de ascenso y descenso. Con ello, se protege al usuario, se ordena la operación y se evita que taxistas aleguen competencia irregular, pues ambos operarían bajo un marco homogéneo y supervisado.
A la par, es indispensable integrar a plataformas y taxis a la estrategia de movilidad de las ciudades sede, establecer zonas de operación definidas, activar geocercas en apps y compartir datos anonimizados con los centros de control (C5) para gestionar picos de demanda. La implementación de la reforma laboral deberá sincronizarse para evitar que la oferta de conductores caiga justo cuando más se necesiten.
El amparo de Uber es una señal del rezago regulatorio, pero también una ventana de oportunidad. Aplaudir la claridad jurídica de la SICT es justo; ahora toca complementar ese trabajo con una solución temporal que permita orden, equidad y certeza. En 2026, la experiencia del visitante no comenzará en el estadio, sino en la banqueta del aeropuerto. México tiene la capacidad, y la obligación, de asegurar que ese primer trayecto sea seguro, eficiente y bien regulado. Una concesión temporal para plataformas sería una de las decisiones más sensatas y de mayor impacto para lograrlo y podría convertirse en uno de los legados más duraderos del torneo para la movilidad del país.
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