Niegan libertad anticipada a Javier Duarte

La jueza concluye que el exgobernador no cumple requisitos legales
La decisión sobre la libertad anticipada de Javier Duarte volvió al centro del debate público este 21 de noviembre. El exgobernador de Veracruz acudió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte con la intención de obtener ese beneficio. Sin embargo, la jueza Ángela Zamorano Herrera concluyó que no procedía la libertad anticipada de Javier Duarte, porque aún enfrenta elementos jurídicos sin resolver y no acreditó todos los requisitos que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La jueza analizó el caso durante tres audiencias y expuso de manera directa las razones que la llevaron a rechazar la solicitud. Señaló que Duarte todavía mantiene un proceso abierto por desaparición forzada, pese a que un juez decretó su sobreseimiento. La Fiscalía de Veracruz impugnó esa resolución y la revisión continúa. Por ello, el exgobernador no cumple el requisito de no tener asuntos penales pendientes.
Zamorano Herrera también revisó el plan de actividades del exmandatario dentro del Reclusorio Norte. Ahí detectó inconsistencias y falta de pruebas. La defensa no entregó documentos que demostraran participación constante en actividades educativas, culturales, deportivas o recreativas durante los más de ocho años de encarcelamiento. La jueza explicó que, sin esa evidencia, no podía validar el cumplimiento del programa obligatorio para personas privadas de la libertad.
En contraste, sí reconoció que Duarte mantuvo buena conducta durante su estancia en prisión y que no representa un riesgo para la sociedad ni para las víctimas. También confirmó que ya cubrió el 95% de su condena, equivalente a 3,143 días. A pesar de estos puntos, la funcionaria recalcó que los requisitos se deben cumplir en su totalidad y que la ley no admite interpretaciones parciales.
Durante la audiencia, Duarte escuchó el fallo con un suéter color caqui. Su defensa aseguró que respetarán la decisión, aunque no la comparten. El abogado Pablo Campuzano anunció que preparan una apelación para revertir la resolución. Argumentan que el delito que mantiene abierto el expediente del político no corresponde a desaparición forzada y que no existe vínculo directo entre Duarte y los hechos investigados. Afirmó además que el sobreseimiento previo demuestra que su cliente no participó en ese caso.
Duarte permanece privado de su libertad desde abril de 2017, cuando lo detuvieron en Guatemala. En septiembre de 2018 recibió una condena de nueve años por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque ya cumplió casi toda su pena, la estrategia de su equipo legal apunta ahora a insistir en los recursos que la ley permite para obtener una salida anticipada.
