Hasta 42 años de prisión a extorsionadores: Senado de México

Hasta 42 años de prisión a extorsionadores: Senado de México.

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Senado impulsa nueva ley contra extorsión

El Senado de México aprobó ajustes significativos a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, con el fin de reforzar la estrategia nacional contra este delito que afecta a diversos sectores del país. La decisión dio paso a un acuerdo amplio entre oficialismo y oposición, lo que permitió avalar sin reservas un proyecto que había generado tensiones desde su llegada a la Cámara de Diputados.

El dictamen endurece las penas para quienes cometan extorsión, además de homologar su persecución en las 32 entidades. El delito podrá investigarse de oficio, lo que permitirá a las autoridades actuar sin esperar a que exista un denunciante plenamente identificado. Con esta medida, legisladores buscan cerrar espacios a prácticas que dañan a negocios, transportistas, autoridades locales y ciudadanos en general. La iniciativa retoma la intención original del Gobierno federal de impulsar una política más estricta frente a un delito en crecimiento.

¿Qué contempla el incremento de sanciones?

Las nuevas disposiciones elevan el castigo mínimo a un rango de 15 a 25 años de prisión, mientras que las agravantes pueden llevarlo hasta 42 años. La ampliación restituye el enfoque más severo propuesto inicialmente desde el Ejecutivo, luego de que la Cámara baja redujera las penas durante la primera revisión. El Senado consideró necesario reforzar la respuesta ante modalidades como el cobro de derecho de piso, los montachoques y las llamadas de coacción realizadas desde centros penitenciarios, prácticas que impactan a empresas, comerciantes y servicios públicos.

Además, el dictamen ajusta las sanciones contra funcionarios que conozcan casos de extorsión y no los denuncien. La propuesta original, que planteaba penas de 10 a 20 años, vuelve a incorporarse después de que los diputados disminuyeran el rango en su primera discusión. Con ello, senadores pretenden cerrar posibles omisiones dentro de corporaciones policiales, fiscalías y centros penitenciarios.

Los bloques parlamentarios coincidieron en que la extensión de las penas responde a la gravedad y al crecimiento del delito en todo el país. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron desde octubre la necesidad de fortalecer los castigos y celebraron que sus observaciones se retomaran en esta segunda revisión.

¿Hay condiciones para aplicar la nueva ley?

A pesar del consenso político, el debate incluyó dudas sobre la falta de presupuesto para poner en marcha los lineamientos. Algunos legisladores advirtieron que sin recursos adicionales podrían retrasarse acciones clave, como la operación de oficinas especializadas en las fiscalías estatales. Representantes del PRI y del PAN insistieron en que el combate a la extorsión requiere fortalecer a policías y ministerios públicos.

El proyecto regresará a la Cámara de Diputados para su validación final. De acuerdo con la coordinación de Morena, el trámite avanzará sin modificaciones adicionales. Con este paso, el Congreso busca consolidar una herramienta legal más estricta para enfrentar un delito que afecta de manera directa a la vida económica y social del país.