La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que permitirá a los usuarios cancelar por vía digital o telefónica las tarjetas de crédito o débito enviadas sin su consentimiento por instituciones financieras. La medida busca frenar los cobros indebidos y proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas abusivas.
La propuesta, impulsada por el legislador de Morena Ricardo Monreal Ávila, modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Con 467 votos a favor, el pleno consideró el proyecto de urgente resolución y lo remitió al Senado para su ratificación.
¿Qué cambios establece la reforma?
El proyecto establece que bancos y entidades comerciales no podrán cobrar comisiones, intereses o anualidades por servicios financieros, seguros o membresías no autorizadas previamente en el contrato de adhesión o sin el consentimiento expreso del usuario.
Además, las instituciones deberán ofrecer mecanismos accesibles para cancelar las tarjetas enviadas sin solicitud, a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles y líneas telefónicas. Estas opciones deberán incluir un botón visible y disponible las 24 horas, los 365 días del año, a fin de facilitar el trámite sin costo alguno.
La cancelación deberá completarse en un máximo de cinco días hábiles, y los bancos deberán entregar una constancia digital o física que certifique la terminación del contrato.
¿Por qué se consideró necesaria la reforma?
Durante la presentación, Monreal explicó que muchas personas reciben tarjetas sin solicitarlas y, al pasar un año, enfrentan cargos automáticos de anualidades o intereses moratorios por no pagar servicios no requeridos. Esta situación ha provocado que miles de usuarios terminen en el Buró de Crédito, afectando su historial financiero y su acceso a nuevos préstamos.
El legislador destacó que la medida equipara los derechos de los consumidores mexicanos con los de otros países, como Estados Unidos, donde una llamada telefónica basta para cancelar una tarjeta de crédito.
Monreal reconoció que habrá resistencia por parte de los bancos y que algunos cabilderos buscarán frenar la reforma, pero insistió en que el objetivo principal es proteger al usuario y ampliar sus derechos financieros.
Con esta aprobación, el Congreso da un paso hacia un sistema financiero más transparente y justo, en el que los consumidores puedan ejercer control total sobre sus productos bancarios sin enfrentar obstáculos o cargos indebidos.
