Gobierno de México adelanta aguinaldo de 40 días a estos trabajadores

Decreto oficial y calendario de dispersión

El pasado 4 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que autoriza un aguinaldo equivalente a 40 días de salario para ciertos servidores públicos federales y pensionados. El beneficio podrá comenzar a pagarse a partir del 10 de noviembre de 2025, con fecha límite de dispersión antes del 20 de diciembre del mismo año.

Beneficiarios del aguinaldo ampliado

El decreto establece que el auxilio de 40 días aplica para trabajadores sujetos al Apartado B del artículo 123 constitucional, lo cual incluye:

Servidores públicos en dependencias y entidades federales.
Personal operativo, de enlace, de mando, además de quienes trabajan en el Servicio Exterior Mexicano, dentro del país o en misiones en el extranjero.
Elementos de las Fuerzas Armadas en activo.
Personas contratadas por honorarios bajo el capítulo de Servicios Personales con recursos del presupuesto federal.
Pensionados civiles y militares, veteranos, deudos integrados al sistema del ISSSTE o portadores de pensión con cargo al erario federal.

Quiénes quedan fuera y cómo funciona la proporcionalidad

Quedan excluidos del pago ampliado aquellos trabajadores que:

Estén contratados por honorarios especiales fuera del capítulo de Servicios Personales.
Laboren bajo convenios técnicos o de coordinación con gobiernos estatales o entidades municipales.

Además, para quienes laboraron menos de un año, el pago se calculará de forma proporcional al tiempo trabajado.

Diferencias con el sector privado

Mientras los beneficiarios del decreto recibirán un aguinaldo de 40 días, el resto de los trabajadores del país —especialmente del sector privado— permanecen sujetos al mínimo legal de 15 días de salario como aguinaldo, conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Implicaciones y plazo de cumplimiento

La disposición asegura que el pago se realice dentro de los parámetros de austeridad y responsabilidad presupuestal, utilizando los recursos ya asignados para tal fin. Las autoridades deberán seguir los lineamientos para efectuar la dispersión, y los trabajadores que no reciban su derecho podrán acceder a mecanismos de reclamación establecidos por la ley.

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