Tras una reunión entre el Gobierno de Jalisco y productores de maíz, se acordó liberar el Circuito Metropolitano Sur y la Carretera a Nextipac, que funcionan como rutas alternas a la Autopista 80 proveniente de Manzanillo. Sin embargo, se mantienen bloqueos en nueve accesos carreteros y en dos puntos de ferrocarril, según informó el secretario de Gobierno, Salvador Zamora.
Entre las vías aún bloqueadas destacan la Carretera a Nogales, en el Technology Park; la Autopista Guadalajara–Colima, en el kilómetro 40; la caseta de Ocotlán, en La Barca; la Carretera La Barca–Atotonilco el Alto; y dos rutas de ferrocarril, ubicadas en Tepatitlán y Zapopan.
¿Qué demandas mantienen los agricultores?
El principal reclamo de los productores es la reapertura de una mesa de diálogo con el Gobierno federal para ajustar las propuestas del programa de apoyo emergente. Este programa incluye un subsidio de 700 pesos por tonelada de maíz y un programa de crédito y seguro agrícola.
El secretario Zamora explicó que, aunque el Gobierno estatal ha dispuesto una bolsa de 150 millones de pesos, los agricultores consideran que no es suficiente, ya que buscan que el precio de garantía por tonelada alcance los 7 mil 200 pesos, cifra establecida por el propio Gobierno federal.
¿Cómo impacta el bloqueo en la movilidad y el comercio?
El comercio proveniente de Manzanillo, incluyendo a la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y a productores de aguacate y limón, ha presionado para liberar las carreteras, especialmente la ruta hacia Colima, un punto estratégico para la logística regional.
Para garantizar la seguridad, las autoridades preparan rutas alternas y retornos seguros en las vías bloqueadas. Además, Protección Civil y SAMU han brindado agua y alimentos tanto a los agricultores como a las personas varadas en las autopistas.
Zamora enfatizó que no se utilizará la fuerza para retirar a los productores y que se seguirá apostando por diálogo constante y apoyo a sus demandas.
En conclusión, la liberación parcial de las vías permite mitigar el impacto en la movilidad y el comercio, mientras los productores continúan negociando con el Gobierno federal para alcanzar un acuerdo que satisfaga sus demandas económicas. La situación refleja la tensión entre transporte, economía y reclamos sociales, y la importancia de mantener canales de diálogo abiertos para evitar conflictos mayores.
