Por: Irene Muñoz
México se acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una deuda regulatoria que ya no puede postergarse, ordenar el alojamiento digital antes de que la improvisación se convierta en riesgo. Durante años, el país permitió que las plataformas de renta vacacional crecieran bajo la lógica de “dejemos que el mercado se acomode solo”, pero esa tolerancia hoy tiene consecuencias.
Más de 30 mil propiedades se rentan en las tres sedes mundialistas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sin precisa verificación de identidad, sin constancias de seguridad ni trazabilidad fiscal. En un contexto así, la falta de reglas claras no solo amenaza la convivencia vecinal o la recaudación pública, sino la propia reputación de México ante millones de visitantes que llegarán al escaparate internacional más grande de su historia. Regular no es burocratizar ni frenar la innovación; es proteger, dar certeza y demostrar que el país puede combinar modernidad, hospitalidad y seguridad con responsabilidad.
Hoy, aunque no exista una regulación federal homogénea para alquileres de corto plazo, hay avances importantes en varios órdenes. La Secretaría de Hacienda ya exige IVA para estas operaciones, y muchos estados cuentan con convenios con plataformas para que retengan y entreguen el Impuesto sobre Hospedaje (ISH). Airbnb reporta que en CDMX ha remitido más de 650 millones de pesos desde 2017. En la Ciudad de México, reformas aprobadas en 2024 incluyeron un límite de ocupación anual, 50 %, es decir, alrededor de 180 noches, para los alojamientos anunciados en plataformas digitales. Quienes excedan ese límite no podrán renovar su inscripción y deberán esperar un año. Las plataformas deberán registrarse ante el Padrón de Plataformas autorizadas, y los anuncios solo podrán mostrar un folio de registro de anfitrión validado. El incumplimiento puede costar sanciones de entre 10,800 y 21,600 pesos para propietarios o plataformas.
Sin embargo, la regulación actual sigue rezagada en un aspecto esencial, la seguridad integral de los huéspedes y de las comunidades receptoras. A diferencia de los hoteles, que deben cumplir protocolos estrictos de seguridad y protección civil, los alojamientos en plataformas digitales como Airbnb, Vrbo, entre otras, carecen de requisitos uniformes en materia de seguridad, prevención de riesgos, control de identidad y colaboración con las autoridades de seguridad pública. La falta de un registro obligatorio y verificable permite que miles de propiedades operen sin constancias de seguridad, sin sistemas de identificación de huéspedes y sin comunicación efectiva con cuerpos policiales o vecinales. Esto no solo vulnera a los visitantes, sino también a los vecinos, pues muchos inmuebles se usan para actividades ilícitas, fiestas clandestinas o incluso trata y delitos patrimoniales; ese vacío normativo podría convertirse en un riesgo reputacional y operativo para el país.
Regular el hospedaje digital no debe entenderse solo como un asunto de impuestos o licencias, sino como un tema de seguridad nacional y de prevención del delito. Las ciudades sede y los destinos turísticos por excelencia deberían exigir que cada anfitrión cuente con una verificación de identidad, que las plataformas compartan información de reservaciones con autoridades turísticas y de seguridad, y que los inmuebles inscritos cuenten con cámaras en áreas comunes, protocolos de emergencia, iluminación adecuada y comunicación vecinal activa. Japón, tras los incidentes de abuso en alojamientos informales previos a los Juegos Olímpicos de Tokio, implementó medidas similares, un registro nacional de anfitriones, validación de identidad y obligación de informar a la policía local el número de huéspedes y fechas de estancia. El resultado fue un entorno mucho más controlado y confiable.
México tiene entre 2025 y mayo de 2026 para construir una regulación robusta, interoperable y vinculante que armonice licencias estatales y municipales, integre datos fiscales, de protección civil y de seguridad pública, y establezca la co-responsabilidad de las plataformas. Estas deben verificar la identidad de cada anfitrión, contar con mecanismos de denuncia inmediata y eliminar listados irregulares en menos de 48 horas. A la par, los gobiernos locales deben establecer mesas de coordinación con las secretarías de seguridad, de protección civil y turismo, patrullajes focalizados en zonas con alta densidad de alojamientos y canales de comunicación directa con plataformas y vecinos.
No se trata de criminalizar el hospedaje alternativo, sino de profesionalizarlo y blindarlo. Una regulación moderna debe equilibrar competitividad con prevención, turismo con tranquilidad y economía digital con convivencia urbana. Si en Japón la regulación de los minpaku limpió el mercado informal y elevó la confianza, México puede lograrlo adaptando su modelo a nuestra realidad, donde la percepción de inseguridad sigue siendo el principal obstáculo del turismo.
En 2026, la verdadera prueba no será solo llenar estadios o aeropuertos, sino garantizar que cada visitante duerma en un espacio seguro y regulado, y que cada comunidad anfitriona sepa que está protegida. Regular no es frenar la innovación; es darle un marco de confianza. Si México cumple, el Mundial dejará más que goles, conseguirá como legado ciudades más seguras, economías locales fortalecidas y una hospitalidad que combine orden, legalidad y orgullo nacional.
