Cambian a fiscal del caso Ayotzinapa
Padres de los 43 pidieron su destitución a Sheinbaum
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la remoción de Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, tras más de dos años al frente del caso. Su salida ocurre después de que los padres de los 43 normalistas desaparecidos solicitaran directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum su separación del cargo, señalando falta de resultados y declaraciones insensibles.
Gómez Piedra, quien asumió el cargo con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, causó controversia en mayo pasado al declarar que las labores de búsqueda se concentraban en encontrar cuerpos. “Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”, afirmó en una conferencia, donde también reportó 120 personas detenidas y más de 46 causas penales abiertas. Estas declaraciones generaron indignación en las familias de los estudiantes desaparecidos, que consideraron ofensivo el enfoque.
Como consecuencia de las crecientes críticas, y luego de la petición formal hecha por los familiares a la nueva presidenta, la FGR decidió realizar el relevo. Ahora, Mauricio Pazarán, quien ha trabajado de cerca con la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, asume la responsabilidad de dirigir las investigaciones sobre uno de los casos más sensibles en la historia reciente del país.
Por su parte, los padres de los 43 normalistas continúan exigiendo un cambio en la estrategia de investigación. Consideran que la nueva administración federal debe renovar el compromiso con la verdad y la justicia, y rechazan que se reduzca el caso a una búsqueda de restos. Aseguran que aún hay líneas de investigación sin agotar y responsabilidades sin sancionar.
Además, el relevo ocurre en un momento crucial, ya que el caso Ayotzinapa sigue bajo el escrutinio público nacional e internacional. Diversos colectivos y organismos de derechos humanos han señalado que la impunidad persiste, y que las instituciones deben garantizar un proceso transparente, especialmente bajo la nueva gestión presidencial.
Con este cambio, se abre una nueva etapa en la indagatoria, que deberá enfrentar no solo los retos legales, sino también la presión social que exige justicia a casi once años de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas.
