La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, junto a su Gabinete de Seguridad y Comunicación Social, presentó una estrategia integral enfocada en la atención y prevención del delito de extorsión en la capital. Esta iniciativa pretende reformar el marco jurídico para fortalecer las acciones contra este delito, con el objetivo de brindar mayor protección a la ciudadanía.
Modificación al marco jurídico
Como punto central, la estrategia incluye una iniciativa de ley que será enviada al Congreso Local esta semana. El objetivo principal de esta propuesta es que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, lo cual permitirá que las autoridades actúen de manera inmediata sin necesidad de una denuncia formal. Asimismo, se busca establecer penas más severas para quienes cometan este delito, incrementando así las medidas de disuasión contra la extorsión.
Coordinación entre instituciones
La estrategia contempla una colaboración estrecha entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta sinergia institucional permitirá fortalecer los mecanismos de atención, asegurando que los casos de extorsión se investiguen y atiendan de manera eficaz y expedita.
Talleres y nuevas líneas de atención
Como parte de las acciones preventivas, se llevarán a cabo más de mil talleres y pláticas sobre prevención del delito en diversas zonas de la ciudad. Estas actividades están dirigidas tanto a ciudadanos como a comerciantes, con el propósito de informarles sobre cómo identificar y evitar situaciones de riesgo.
Además, se habilitará una nueva línea telefónica anti-extorsión, la cual brindará asesoría y apoyo a las personas que enfrenten intentos de extorsión. Esta herramienta se suma a los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México por reducir la incidencia de este delito.
Fortalecimiento de la seguridad en la capital
Con esta estrategia, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso en la lucha contra la extorsión, enfocándose en un modelo integral que combina reformas legales, cooperación interinstitucional y acciones de prevención.
