La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que no abordará la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra los concesionarios de radio por la transmisión del programa La Hora Nacional, donde se promovió la imagen de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Sin embargo, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona aseguró que se actuará en estricto apego a lo que dicta la ley, aunque recalcó que el INE no tiene facultades sancionadoras, siendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el encargado de resolver y aplicar multas.
Competencia del TEPJF
Espadas Ancona explicó que la sala regional especializada será la encargada de analizar el caso y determinar las sanciones económicas que correspondan por posibles infracciones a las normas electorales. Respecto a la solicitud realizada por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) al INE, el consejero indicó que la queja presentada por los legisladores del PAN está siendo evaluada por la comisión de quejas, aunque la resolución final recae en el tribunal.
Fondo de Apoyo para la Observación Electoral
Por otro lado, se informó que el INE dispone de un fondo de 18 millones de pesos para el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, el cual había sido eliminado del presupuesto aprobado para el ejercicio 2024. La consejera Norma de la Cruz explicó que este fondo tiene como objetivo brindar asistencia técnica y financiera para la observación electoral en el país, tanto a organizaciones de la sociedad civil como a instituciones de educación superior.
Convocatoria para Observadores Electorales
En una conferencia de prensa, se anunció que a partir del 2 de abril estará disponible un sitio web para descargar los documentos necesarios y realizar la inscripción como observador electoral. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos será el encargado de administrar este fondo, cuya convocatoria fue firmada el 13 de marzo y aprobada el 18 del mismo mes. Se espera aumentar la participación de organizaciones civiles y universidades en este importante ejercicio democrático, para lo cual se ha contactado a más de 2,900 organizaciones civiles y se espera la colaboración de instituciones educativas superiores.
