Por Adriana Delgado Ruiz | @AdriDelgadoRuiz
Grupo México, de Germán Larrea, operaba Pasta de Conchos, la mina que se convirtió en la tumba de 63 trabajadores tras una explosión por acumulación de gas metano en 2006. En todo este tiempo, nadie ha enfrentado consecuencias legales y la promesa de rescatar los cuerpos y entregarlos a sus familias no ha sido cumplida.
Al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador incluyó ese rescate en sus 100 compromisos. Ese, se convirtió también en un capítulo más de desencuentros con Germán Larrea.
Durante la campaña presidencial de 2018, Grupo México distribuyó entre sus empleados una carta invitándolos a “votar con inteligencia” y expresando preocupación por el eventual triunfo del entonces candidato morenista, sin mencionar su nombre. Como revire, en un mitin en Poza Rica, Veracruz, López Obrador reveló: “Cuando quedaron sepultados los 63 mineros de Pasta de Conchos, una mina de él, del señor Larrea, por esos días lo encontré, nos vimos con unos empresarios y ahí le dije: ‘Germán, saca los cuerpos y entrega los cuerpos a los familiares’. ¿Qué hizo? Nada, porque tiene mucho dinero pero poco corazón, poco humanismo”.
En 2020, Grupo México accedió a devolver al Estado la concesión de Pasta de Conchos para que el gobierno pudiera tomar posesión del terreno e iniciar con las labores de rescate. La advertencia fue contundente: no sería fácil, podría tomar varios años, sería muy costoso y posiblemente no se lograría. El pasado 19 de febrero, en ocasión de los 17 años de la tragedia, las viudas denunciaron que las labores llevaban suspendidas desde noviembre.
El consorcio de Germán Larrea tiene un amplio historial de devastación. Es responsable del mayor desastre ecológico en el país por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014, lo que ocasionó afectaciones serias en la salud de las comunidades y el medio ambiente.
Durante este sexenio, en 2019 fue señalado por agricultores y ganaderos de Sombrerete, Zacatecas, por el derrame de desechos con cianuro y otros contaminantes en el río de la comunidad. En Guaymas, Sonora, una falla en las válvulas de sus tuberías en la terminal marítima durante un proceso de trasvase, ocasionó el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.
Con esos antecedentes, la voz de Grupo México no fue considerada durante la reforma a la Ley Minera que redujo la duración de las concesiones de 100 a 80 años y para el proceso de obtención, modificó el esquema del primer solicitante por el de oferta pública de adquisición. Con respecto a la responsabilidad ambiental, la ley ahora establece advertencias y suspensiones por daños ecológicos además de la obligación de rectificar el problema o enfrentar la cancelación de la concesión.
Sin embargo, esa reforma y la nacionalización de la explotación del litio ocasionaron incertidumbre y preocupación de inversionistas internacionales sobre la industria minera mexicana, lo que es un problema dado que hay más minerales como el cobre, zinc, níquel y otros que son igualmente necesarios y estratégicos para la transición energética.
El capítulo más reciente de desencuentros con Germán Larrea es el decreto por el que su empresa Ferrosur perdió, por lo menos temporalmente, la concesión de tres ramos de vías férreas que suman 120 kilómetros para integrarlos a la plataforma multimodal del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras estratégicas de la administración actual, razón por la que es difícil creer que sucedió sin aviso previo alguno.
Desencuentros que muestran grandes ejemplos de lo que, en la relación entre un empresario y un gobierno, no se hace.
