- Es el único Poder Judicial del país que especializa a sus jueces en la materia.
Es importante tratar los delitos ambientales con una política pública ubicada en la agenda nacional y trabajar coordinadamente entre las instituciones; pues alianza y cooperación incluso internacional, son la pauta para enfrentar al crimen organizado que afecta el medio ambiente y la diversidad en el país, expresó Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Al inaugurar el Conversatorio “Alianzas para la Construcción del Primer Protocolo sobre Justicia Ambiental” organizado por el PJEdomex, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, Sodi Cuellar destacó que el Poder Judicial mexiquense es el único en el país que desde 2022 inició la formación de 20 juzgadores en temas ambientales, quienes han acudido a talleres y capacitaciones con expertos extranjeros para especializarse en la materia.
En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial, el Magistrado Presidente refirió que está actividad tiene el objetivo de construir una herramienta en Justicia Ambiental; además, se realizarán manuales de formación, capacitación y actuación de jueces, peritos, agentes del ministerio público y policía preventiva.
Enfatizó que “no podemos perder la biodiversidad de México, ni tampoco atentar contra el medio ambiente, tenemos que trabajar conjuntamente para preservarlo y devolverlo a las siguientes generaciones”.
Al dar la bienvenida, Edna Escalante Ramírez, Consejera de la Judicatura, apuntó que es fundamental que el derecho ambiental tenga una visión integral que, desde la interseccionalidad, la diversidad, la inclusión, el género y los derechos humanos, ajuste la graduación específica para la protección de especies endémicas, flora, fauna, recursos naturales y minerales.
Mario Cordero Vejar, titular del Programa de Crimen Organizado y Drogas, de la UNODC México, comentó que en el marco del “Día Mundial de Vida Silvestre” se deben analizar estas conductas desde diversas perspectivas, pues reiteró que no solo afectan a las especies, sino al planeta y a los que vivimos en él.
Mauricio Zapata Zaldívar, director para Prevención de Delitos Internacionales de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recordó que de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda 2030, ocho están vinculados con el medio ambiente; de ahí la importancia de generar alianzas entre organismos internacionales, gobiernos nacionales, estatales y municipales para promover acciones de toma de conciencia.
Reconoció al PJEdomex por ser pionero en los trabajos para confeccionar el primer protocolo sobre justicia ambiental, lo que permitirá fortalecer la respuesta del sistema de Justicia penal para contrarrestar estas conductas.
Vía remota, Hanny Cueva- Beteta, Jefa del Programa Mundial sobre Delitos que Afectan el Ambiente UNODC, remarcó que en esta materia se deben intensificar esfuerzos para fortalecer los marcos jurídicos y crear capacidades judiciales y de aplicación de la ley.
Enrique Castañeda Sánchez, Subprocurador de Auditoría Ambiental de la PROFEPA, comentó que dicho protocolo servirá como herramienta para luchar contra el crimen organizado en la comisión de ilícitos que afectan al medio ambiente.
En este Conversatorio participaron Héctor Herrera Ordóñez, Abogado Postulante y Experto en Derecho Ambiental; María Belén Herrero Martín, Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y Francisco Víctor Ortiz Millán, Director de Capacitación, Profesionalización y Especialización en la Universidad Mexiquense de Seguridad.
Además, Adrián Reuter, Experto en vida Silvestre y Gestión Internacional de la Biodiversidad; Inés Arroyo Quiroz, Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y Alfredo Pellicer, Rector de la Universidad Lucia Botín México, expertos en la materia nacionales e internacionales.
Las categorías que abordaron fueron: Género y justicia, Modelo de participación ciudadana, Delitos ambientales en el contexto federal y el estado de México, Seguridad y cooperación, y un Modelo de estandarización estatal hacia la justicia ambiental.
Como moderadores participaron Mariela González, Asesora del Consejo de la Judicatura del Estado de México y Marco del Toral, Coordinador del Programa Mundial sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente México y Centro América UNODC.
También asistieron Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; la Consejera Fabiola Catalina Aparicio Perales y los Consejeros Enrique Vega Gómez y Pablo Espinosa Márquez.
