Eduardo Blanco
Me parece una gran decisión que la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama haya enviado al Congreso de su estado, una iniciativa para que se eliminen disposiciones en las que prohíban que el presupuesto a los órganos autónomos y a los Poderes Legislativos y Judicial, sean disminuidos.
Segura que tanto los diputados y los integrantes del Poder Judicial, así como los órganos autónomos apoyarán su iniciativa, pues considera la gobernadora quintanarroense que esta tiene la finalidad de que no haya duplicidades en el presupuesto.
Además, considera que, si se pude reducir el presupuesto, sin que ello implique que se viole la Constitución, pues para la Mara Lezama esta iniciativa buscará también que se elimine la prohibición de disminuir el presupuesto a los poderes, como una cuestión de justicia social.
María Elena Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama y militante del Movimiento de Regeneración Nacional, quien recién tomara protesta el 25 de septiembre de este año como Gobernadora de Quintana Roo, se comprometió a trasformar el modelo económico y social de su estado, además de luchar contra la corrupción y abuso de poder.
Así dentro de sus acciones está esta iniciativa, cuya pretensión de la gobernadora es eficientar los manejos de los recursos públicos y destinarlos en donde más personas lo necesitan, y atender el Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.
Fue su antecesor el gobernador Roberto Borge Angulo quien modificó la ley con la finalidad de que nunca pudiera ser menor el presupuesto ejercido en el año fiscal previo tanto de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos.
Y la iniciativa de Mara Lezama es un revés a esta ley, ya que de acuerdo a los datos que proporcionó la misma Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) las finanzas estatales en cuanto a los organismos autónomos en lo que corresponde entre los años 2017 y el 2022, su gasto tuvo un incremento del 60 por ciento.
Los órganos autónomos que tuvieron el mayor beneficio fueron la Fiscalía General del Estado, la Comisión de los Derechos Humanos local, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía, llegando en esos cinco años a 1,599 millones de pesos adicionales.
Como ella misma dice, se busca que, con el presupuesto asignado durante su gestión para los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, sean utilizados de la mejor manera y con ello tener un ahorro significativo para otros programas en bien de la población.
Sin duda será como lo afirma un cambio profundo y una transformación en la aplicación y destino del gasto público, además espera eliminar cualquier tipo de privilegio entre los servidores públicos.
Solo queda esperar, si su iniciativa es aprobada y realmente resultará beneficiosa. Ya que quienes la aprueben tampoco tendrán incremento presupuestal, y se deberán ajustar, pero sobre todo aprender a manejar en forma adecuada sus dineritos.
