¿Quién lo fuera a decir? El presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a John y Gabriel Shiopto, a los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre. Ellos son padre y hermano, respectivamente, del fundador de WikiLeaks, Julian Assange (quien se encuentra detenido en el Reino Unido), vale decir, el mayor hackeador del mundo. A los pocos días ¡zas!: Carlos Loret de Mola dio a conocer, el 29 de septiembre para ser exactos, las filtraciones que un grupo autodenominado “Guacamaya”. Se trata de un ataque cibernético contra las computadoras de la Secretaría de la Defensa Nacional. El viernes 30 de septiembre López Obrador, confirmó que la Sedena fue víctima de ese ataque cibernético por parte de un grupo de hackers extranjeros. Salieron a la luz miles de documentos que datan de 2016 y llegan a septiembre de 2022. El propio Loret de Mola calificó el hecho como “el ciberataque más grave que haya sufrido el Gobierno de México en su historia.”
Entre las muchas cosas que salieron a la luz, está la precaria salud del jefe del Ejecutivo: tiene gota, hipotiroidismo y es propenso a sufrir un ataque cardiaco (AMLO también aceptó que, en efecto, así es). De hecho, el presidente ha había sufrido un infarto en 2013; pero, hasta ahora, había ocultado la gravedad de su situación física.
Como individuo, Andrés Manuel López Obrador, tiene el derecho a guardar silencio sobre su salud; sin embargo, como presidente de México tiene una responsabilidad pública y, en consecuencia, está obligado a dar a conocer la verdadera situación que guarda su salud. Los ciudadanos de este país tenemos derecho a saber qué pasa con la salud del presidente. No decir la verdad constituye una irresponsabilidad; todo este tiempo nos estuvo mintiendo.
Como sostiene Immanuel Kant: “Son injustas todas las acciones referidas al derecho de otros hombres, cuyos principios no soporten ser publicados.” (La paz perpetua”, Apéndice II, Madrid, Tecnos, 2018, p. 75). Dicho de otra manera: en un sistema de leyes: la publicidad es la norma, mientras que el secreto es la excepción; por el contrario, en una autocracia, el secreto es la regla, en tanto que la publicidad es la excepción. (Norberto Bobbio)
Y en este lance se pudieron ver las dos caras de López Obrador: por un lado, al elogiar a Julian Assange, por vía de su padre y hermano, como paladín de la libertad de prensa y héroe de las filtraciones comprometedoras; por otro lado, vuelto una furia contra Loret de Mola, ese día que aceptó el ciberataque a la Sedena. En efecto, luego de esa aceptación, la emprendió duro y macizo contra el periodista que publica en El Universal, en The Washington Post y conduce la emisión de medio día de “W” radio.
Porfirio Muñoz Ledo, con la perspicacia que lo caracteriza, tuiteó el 30 de septiembre: “Al regresar de un viaje de Belice y Perú, me entero que han sido hackeados los archivos de la SEDENA. Así como AMLO elogió en su momento a Julián Assange por una acción semejante, podría hacerlo ahora con Loret de Mola. ¿Por qué a los australianos sí y a los mexicanos no?”
En efecto, López Obrador parece la versión autóctona de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un cambio repentino y radical de personalidad frente a un hecho parecido, solamente que llevado a cabo por personajes distintos. Y esto me da ocasión para señalar que el Dr. Juan Bosco Abascal afirmó que Andrés Manuel López Obrador padece cinco enfermedades mentales: oligofrenia, esquizofrenia, paranoia, dislalia y disartria.
Y digo “un hecho parecido” porque Julian Assange creó WikiLeaks para hackear y dar a conocer documentos secretos de diversas fuentes, especialmente, de Estados Unidos; en cambio, Carlos Loret de Mola no hackeó nada, simplemente dio a conocer algo que ya estaba circulando. Quien hackeó los documentos de la Sedena fue, como he señalado, el grupo Guacamaya que comenzó a cobrar notoriedad en marzo de 2022 luego de llevar a cabo el ciberataque a los sistemas de computación del proyecto minero Fénix, operado por la compañía guatemalteca de niquel (CGN) y Pronico, miembros del consorcio minero Solway Group. La revelación de los documentos arrojó luz sobre el ocultamiento de daños ambientales por parte de las operaciones extractivas de la compañía mencionada.
Luego, fueron expuestos, por parte del grupo Guacamaya, datos internos de compañías mineras y petroleras de Sudamérica como la minera chilena Quiborax, la minera estatal ecuatoriana ENAMI EP y la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, entre otras.
Este grupo de ciberactivista reivindica la defensa de la naturaleza; es contrario a la industria extractiva y la contaminación. Igualmente, lucha contra el hostigamiento hacia las comunidades indígenas.
“Con una visión ancestral del continente, “Guacamaya” refiere al territorio americano como “Abya Yala”, designación más antigua que significa ‘tierra en plena madurez’ o ‘tierra de sangre vital’ y que fue acogida por pueblos originarios antes del proceso de colonización en la región. Sus intervenciones son reivindicadas ‘por los ancestros, por el territorio, por la vida, por la tierra, ¡reparación y justicia!’.” (La Jornada, 30/09/2022)
Es seguro que habrá más revelaciones comprometedoras. Se dice que entre ellas están las cuentas bancarias de la familia de López Obrador. Veremos.
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