Ante la grave escasez de agua en Monterrey, otra realidad adicional salió a flote causando más indignación. En el Registro Público de Derecho del Agua está documentado que el 57 por ciento del líquido vital en esa ciudad no es para la población sino para grandes industrias. Las 10 con mayor cantidad concesionada suman 40 millones de metros cúbicos por año y aun entre ellas hay ventajosos abusivos: la ítalo-argentina Ternium puede explotar 14.6 millones de metros cúbicos que, para tener una imagen mental, son 2 veces el agua de todo el Lago de Chapala, el más grande del país.
“No es sequía, es saqueo”, dicen las protestas, mientras los neoleoneses dejan de recibir agua por todo un día cada semana y se enfrenta a un futuro inmediato mucho peor. Desde que inició esa medida el 22 de marzo, la advertencia es que aun así quedan reservas únicamente para 60 días que se consumen inexorablemente.
Ese es un caso ilustrativo de la situación de todo el país. El 68.9 por ciento del territorio nacional sufre de sequía, es decir, prácticamente siete de cada 10 metros cuadrados de nuestro suelo. En el 9.51 por ciento es de severa a extrema, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México más reciente, publicado por la Comisión Nacional del Agua.
Por primera vez se reporta el 0.7 por ciento en un nivel excepcional por el altísimo grado de sed que padece, ubicado en el norte del país. Esa región lleva más de dos décadas con sequía, acentuada ahora por el fenómeno de La Niña. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), de Estados Unidos, prevé para este año las temperaturas históricas más altas en la zona fronteriza mexicana, con muy pocas posibilidades de humedad, lo que afectará directamente la producción de alimentos de ambos países, particularmente maíz y trigo. El caudal del Río Bravo, que se utiliza fundamentalmente para la agricultura, ha disminuido hasta 41 por ciento.
El 70 por ciento del agua que se utiliza en las ciudades mexicanas se obtiene de los acuíferos, pero de los 653 que hay, 245 ya están secos y 105 van en rápido camino hacia esa condición porque están sobreexplotados y en estado crítico. El 40 por ciento del líquido que se extrae de ahí termina desperdiciado en las áreas urbanas por fugas. Todavía más, en 24 estados esas fuentes de agua registran niveles de arsénico 70 veces y de fluoruro 64 veces más altos de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
A quien sea se le hace fácil tirar sustancias contaminantes por la coladera sin pensar en la contaminación que genera. Hay industrias que prefieren pagar multas en vez de invertir en no exceder los parámetros de descargas residuales. El uso generalizado de plantas de tratamiento no existe por su costo y el poco compromiso ambiental.
Organizaciones civiles y ambientalistas como Agua Para Todos y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, urgen nuevas reglamentaciones y leyes que hagan más equitativo y sustentable el consumo del líquido vital, poniendo candados a las corruptelas e intereses ocultos.
Es mucho lo que hace falta para generar una cultura del uso responsable del agua y muy poco el tiempo para hacerlo antes de que una crisis extrema sea inevitable.
Punto y aparte. La Universidad de las Américas Puebla cumple un mes de regreso a la vida académica. Tras 241 días de ocupación por el conflicto judicial que todavía tiene capítulos por escribir, el campus de Cholula fue restituido al patronato integrado por la familia Jenkins de Landa y la rectora Cecilia Anaya Berríos, pero los litigios continúan, incluyendo procedimientos penales que, de no resolverse de manera expedita, afectarán nueva y seriamente a la institución educativa.
