Roberto Salcedo Aquino decidió ampliar las facultados de la dependencia de la Secretaría de la Función Pública para así poder investigar el patrimonio de los empleados federales.
El titular dio permiso a directores generales y titulares de Órganos Internos de Control para solicitar información fiscal, bursátil, fiduciaria y movimientos bancarios de los servidores públicos federales para investigar la evolución de su patrimonio.
Dentro del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publico un acuerdo, donde se argumentó que el secretario de la Función Pública delegó la facultad que sólo tenía él para solicitar a las autoridades competentes la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria, y la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración e inversión de recursos monetarios de los servidores públicos federales.
El documento refiere que, “a efecto de optimizar y hacer eficiente el ejercicio de las diversas facultades de investigación y sanción de responsabilidades administrativas, y de verificación de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos declarantes”, las autoridades tendrán nuevas facultades.
Los organismos de la Secretaría de la Función Pública que ahora podrán solicitar esta información son el titular de la Unidad de Denuncias e Investigaciones, el director general de Denuncias e Investigaciones, el de Investigación Forense, el de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, el titular de cada Órgano Interno de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el titular de cada Unidad de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
La información patrimonial podrá ser solicitada a las autoridades competentes cuando la SFP requiera verificar la evolución de la situación patrimonial de los declarantes, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
El acuerdo explica también que, al tratarse de órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, “no les son oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios”.
El Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control será el encargado del procedimiento para solicitar la información patrimonial de los empleados federales a las autoridades correspondientes.
